CIDH advierte sobre descrédito del Gobierno contra medios

El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) 2016, respecto a la libertad de expresión, advierte de una marcada confrontación que origina “descalificaciones” y “estigmatizaciones” de altas autoridades de Estado a medios de comunicación calificándolos de ser miembros de un “cártel de la mentira”.

El informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en el punto referido a las estigmatizaciones concluye que “la existencia de un contexto de marcada confrontación, en el cual se producen confrontaciones y estigmatizaciones constantes, genera un clima que impide una deliberación razonable y plural sobre todos los asuntos públicos”, destaca la agencia ANF.

Señala que es responsabilidad del Estado contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas le resulten ofensivas o perturbadoras. Así como los funcionarios públicos deben asegurarse que sus pronunciamientos no están “lesionando los derechos” de quienes contribuyen a la deliberación pública como los medios de comunicación y los periodistas.

Concluyó así después de citar las varias ocasiones en las que el presidente Evo Morales; el vicepresidente Álvaro García Linera y los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y de Comunicación, Marianela Paco, señalaron a opositores, medios de comunicación y a periodistas de ser miembros de “un cártel de la mentira” y “cártel de medios”.

“El alegado ‘cártel’ tendría como propósito el desarrollo de una ‘operación encubierta’, promovida por el Gobierno de Estados Unidos, cuyas metas serían, entre otras, desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales y desacreditar la inversión China en Bolivia y América Latina”, dice el informe.

El documento precisa que como parte del ‘cártel’ los funcionarios públicos han señalado a la Agencia de Noticias Fides (ANF), los diarios El Deber y Página Siete y la red de radios Erbol; pero además han individualizado a personas como Amalia Pando, Andrés Gómez y Carlos Valverde. Y luego a la cadena CNN incluida como un “cártel” transnacional.

Y alerta que una “aguda polarización” cierra los espacios para los debates sosegados, escenario que no ayuda ni a las autoridades ni a los medios cumplir de mejor manera el papel que a cada uno le corresponde en una democracia vigorosa, deliberativa y abierta.

El Gobierno atribuyó la derrota en el Referéndum para abrir la Constitución e introducir la repostulación de Morales el 2019, al impacto de las denuncias de tráfico de influencias vinculado a la expareja del Presidente, Gabriela Zapata, gerente de la empresa China CAMC, que se adjudicó 570 millones de dólares en contratos con el Estado.

“Las acusaciones derivaron en la intensificación de los señalamientos en torno a la existencia del denominado ‘cártel de la mentira’ a través de múltiples declaraciones”, además por medio de programas especiales de televisión, separatas impresas con el sello de los ministerios de la Presidencia y de Comunicación.

Desde esas carteras de Estado se publicó una separata con el título: “El cártel de la mentira” donde se expone no solo a los medios de comunicación sino a los periodistas a quienes el Gobierno señaló como miembros de dicho “cártel”.

La Relatoría también conoce que el Ministerio de la Presidencia el año pasado ordenó la elaboración de un documental con el mismo título encomendado a Andrés Salari. Producto de estos hechos y presionado por las circunstancias, Valverde habría dejado el país.