Penal de San Pedro debe trasladarse para cortar círculo vicioso de la delincuencia

La cárcel de San Pedro debe trasladarse a Palca donde existen 20 hectáreas de terreno que la comunidad de Huacahuacani donó al Estado, expresó el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, quien detalló algunas características de la nueva infraestructura que incluso tiene un moderno diseño de arquitectura presentado por dos jóvenes mujeres arquitectas.

Llanos explicó que San Pedro ya cumplió su función y hoy más que nunca debe cerrarse, porque continúa generando actividades ilícitas en su interior gracias a los cobros y extorsiones que realizan algunos “dueños de la cárcel” en complicidad con la policía nacional.

El actual terreno donde se ha edificado una ciudadela entera tiene apenas 8.257 metros cuadrados, un manzano en pleno centro de la zona de San Pedro en la ciudad de La Paz. Su traslado debería apuntar a las 20 hectáreas que los pobladores de Palca ya comprometieron entre 2013 y 2014, pero que sigue esperando la aprobación de la convocatoria y adjudicación de la obra.

En ese marco, existen dos consultorías desarrolladas sobre este traslado, pero priorizando a Chonchocoro como terreno. La “megacárcel” como se ha denominado, fue proyectada durante la anterior gestión del entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

Llanos considera que sería contraproducente ampliar Chonchocoro, donde se ha generado una extraña costumbre en los reos de salir a auscultaciones médicas cada día rumbo al centro paceño. La mayoría de los casos atendidos en el Hospital de Clínicas corresponde a cuadros de presión alta, enfermedades respiratorias agudas o reumatismo. Palca, por el contrario, es un valle donde los detenidos no tendrían ninguna de esas afecciones.

El traslado, empero, no responde a un hecho de dar comodidad a gente que en su mayoría está acusada de algún delito, sino a generar un espacio donde incluso se puedan desarrollar audiencias y se separe a la población carcelaria en módulos según su estrato y condena, como diferenciar a los adultos mayores y a los sentenciados por asesinato, por ejemplo.

Un proyecto presentado por Ángela Guerra y Natalia Aceñas, dos estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica Boliviana, con el que recientemente lograron su titulación profesional, expone una cárcel dividida en módulos y que podrá elevarse según el requerimiento hasta seis pisos que se iría edificando por etapas en al menos siete años.

MANO DE OBRA

Consultado sobre la mano de obra gruesa para la construcción de estos módulos, la exautoridad explicó que la normativa permite que los propios reos con sentencia puedan hacer labores de medio tiempo que se pagarían con los recursos que ya existen en caja y banco.

“Los sentenciados deben hacer actividad laboral y una de esas actividades remuneradas es el trabajo comunitario que determina el juez de ejecución de penas. Por ejemplo, los sentenciados por narcotráfico pueden hacer seis horas de trabajo comunitario y así aportar en la construcción de la nueva cárcel en Palca”, señaló.

Llanos sostiene que ese traslado podría implementar los tres niveles de seguridad en cárceles, es decir, nivel de máxima seguridad, seguridad media y seguridad mínima.

También se aplicaría un sistema de reinserción y rehabilitación en la sociedad activando cuatro áreas de trabajo: la construcción, la mecánica automotriz, la carpintería y la agricultura.

“Son áreas de servicio a la comunidad, porque los reos deben realizar alguna actividad productiva y no esperar que su sentencia y el tiempo pase mientras se drogan, se alcoholizan o aprenden a delinquir”, dijo.

DE PANÓPTICO A CIUDADELA

El panóptico de San Pedro se comenzó a construir en 1875 y se inauguró en 1895 para albergar a los reos de la creciente ciudad que pocos años después ya se convertiría formalmente en la Sede de Gobierno durante la administración de José Manuel Pando.

Con los años, el Gobierno delegó ciertas labores a la Iglesia Católica que tuvo como idea construir una parroquia para la evangelización y “arrepentimiento” de los prisioneros. La construcción, sin embargo, afectó el concepto de panóptico de la cárcel, cortando la visibilidad panorámica del lugar. Con ello se comenzó a hacer las divisiones por pabellones que se mantienen hasta hoy.

Finalmente, reseña Llanos, es 1988 el año clave para entender la corrupción instalada en San Pedro. El gobierno de Víctor Paz Estenssoro había lanzado la Ley 1008 para temas de narcotráfico y con ello vendría la “ley de arrepentimiento” que permitió a muchos encausados por cargos de este delito acogerse a procesos que les beneficien con penas menores.

Uno de esos beneficiados fue el capo Roberto Suárez Gómez, el “rey del narco” en Bolivia, quien se entregó luego de haber pedido a cambio a EEUU “pagar la deuda externa del país”. Su condena fue de apenas ocho años, cuando era acusado por el Estado de haber financiado la dictadura del general Luis García Meza en 1980.

Suárez Gómez entró a San Pedro y construyó con su propio dinero el sector privilegiado que hoy se llama “la posta”, donde habitó seis de esos años, antes de ser trasladado al penal de Trinidad gracias a un fallo “humanitario” de la justicia.

Los lujos construidos y el ingreso de narcotraficantes a San Pedro fue el inicio de una cadena que hasta hoy no se ha podido romper. La venta de espacios, el denominado “derecho de piso” o “derecho de vida”, la parcelación privada de cuarteles y sus consecuentes “alquileres” se generan ahí dentro a vista y aprobación de la policía nacional.

Llanos recuerda que en su gestión conoció sobre estos cobros que oscilaban en Bs 5 mil por cada detenido que llegaba al penal, pero hoy llegan denuncias de familiares que deben cancelar a esos “arrendatarios de San Pedro” sumas entre Bs 10 mil a Bs 20 mil, unos 2.800 dólares.

La complicidad de la policía y la imposibilidad de verificar estos cobros con “factura en mano” hace que el delito prosiga y no exista control ni sanción desde el nivel central del Estado.

Desde agosto de 2013 el penal de San Pedro, construido para 400 reos y que hoy alberga a 2.500 privados de libertad, debió cerrar sus puertas a nuevos ingresos. Sin embargo, el dominio de los delgados y la complicidad de policías y autoridades impiden que las normas sean acatadas.

Otro factor que justifica el traslado precisamente es el hacinamiento, porque el penal se ha convertido en una ciudadela gobernada por los delincuentes que permiten el ingreso de familias enteras para seguir usufructuando de la “gallina de los huevos de oro”.

Pese a normativas internacionales sobre Derechos Humanos, existen cientos de niños que conviven con los privados de libertad saliendo únicamente a sus colegios en los turnos mañana y tarde. (Visor Bolivia)