Pérdidas, adjudicaciones ligeras y corrupción

Las denuncias de irregularidades en 3 importantes proyectos desnudan las ineficiencias de los sistemas de adjudicación y supervisión del Estado. Como es de conocimiento público, se trata de la empresa Corsan Corviam a cargo de la carretera San Buenaventura-Ixiamas y de la hidroeléctrica Miguillas, ambas en el departamento de La Paz, y de la compra de 3 taladros de perforación por encargo de YPFB. El proyecto de Miguillas es de 397 millones de dólares, mientras la carretera suma 137 millones de dólares y los taladros que debía proveer la italiana Drillmec, representan 148 millones de la misma moneda.

La española Corsan Corviam abandonó el país sin mayores explicaciones, dejando a 400 trabajadores impagos y a una serie de empresas bolivianas terciarias. En el caso de YPFB, denuncias preliminares del Ministerio de Hidrocarburos y una querella interpuesta por la cartera de Justicia contra varios funcionarios de esa entidad, por irregularidades legales y materiales, pusieron fin a la contratación.

Como se ve, el daño económico es considerable, pese a existir boletas de garantía, y en cuanto a Drillmec se dice que no hubo desembolsos. Entre los denunciados no figura el presidente de Yacimientos, Guillermo Achá, máxima autoridad que extrañamente no firmó el contrato, pero autorizó la elevación del precio de compra en Bs. 60 millones sobre el monto referencial. En ambos casos, salta a la vista la falta de interés, cuidado e ignorancia de las autoridades sobre los antecedentes de las empresas a ser contratadas. Este descuido, sumado a las percepciones trascendidas al exterior acerca de las condiciones de corrupción que facilitarían a cualquier empresa adjudicarse contratos millonarios son su mejor atractivo, o es acaso que esta acritud de ojos vendados es un componente facilitador de la corruptela. Semejante situación se hace mucho más propicia porque el Gobierno es reacio a licitar obras y servicios.

Estas omisiones estatales están claras para los observadores, por el hecho de que Corsan Corviam otorga una cuantiosa comisión al bufete Torres Bejarano y Asociados para lograr la adjudicación de Miguillas. La comisión es nada menos que el 3.5% de 397 millones de dólares, tal como denunció un diputado de UD. El consorcio en cuestión había cerrado sus oficinas con anterioridad, además de que informes de la fiscalía denotan que los firmantes del contrato comisorio por ambas partes, registran varias causas de tipo delictivo. YPFB queda mal parado en las denuncias, no obstante se hace notoria la exclusión -hasta el momento- de su principal responsable, con semejanza a otros muchos casos donde se incrimina a los subalternos, quedando los principales a salvo de pena y culpa.

Las denuncias ante el Ministerio Público, así provengan del Gobierno, no parecen suficientes para vender una mejor imagen de la Administración Pública y Descentralizada del país. Es que la corrupción se halla demasiado generalizada y se debe luchar a fondo si se quiere ofrecer una mejor carta de presentación del país ante propios y extraños.