“Tuve que entrar a ver a mi hijo en calzoncillos”

Constancio Quenallata, padre de Bryan Quenallata, uno de los nueve bolivianos detenidos en la cárcel de Alto Hospicio, en Tarapaca-Chile, denunció ayer que fue objeto de acoso y discriminación por parte de carabineros chilenos, cuando fue a visitar a su hijo, recluido hace ya 42 días en el país trasandino.

DISCRIMINACIÓN SOCIAL

Según el testimonio de Quenallata, los actos de discriminación los sufrió desde la línea fronteriza de Pisiga. “Me preguntaron ¿de usted está detenido su hijo?, y yo respondo que sí, pero me hicieron sentir muy mal, porque me hicieron ver como un delincuente”.

“Empero, la discriminación comenzó cuando llegué a la cárcel de Alto Hospicio, me observaron por mi color de pantalón que era plomo y me dijeron que no podía entrar así. Me desvestí para entrar y entre casi desnudo, eso está muy mal, me sentí discriminado y estoy muy molesto”, acotó Quenallata, en entrevista con el portal Urgentebo.com.

El lunes, los familiares de los connacionales retornaron a Bolivia tras ver a sus allegados, dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional, quienes fueron enviados al penal de máxima seguridad chilena por luchar contra el contrabando.

Indicó que hará conocer su molestia a las autoridades de la Cancillería de Bolivia en los próximos días. “Prácticamente tuve que ingresar en calzoncillos para ir a ver a mi hijo, mi hijo no es ningún delincuente, yo tampoco soy delincuente”, expresó.

El 25 de abril, la Corte Suprema de Justicia de Chile rechazó el recurso de libertad presentado por la defensa de Bolivia para liberar a los nueve bolivianos.

Este hecho, según Constancio, no afecta a los compatriotas detenidos, quienes confían en que las autoridades bolivianas no los abandonarán y harán hasta lo “imposible” para liberarlos.

CAMPAÑA INTENSA

Diferentes organizaciones se manifestaron en favor de los bolivianos detenidos en la frontera con Chile, recientemente hizo público su pedido la Central de Trabajadores de Argentina, que exigió la libertad para los nueve presos.

Se trata de la Central de Trabajadores de Argentina, Autónoma (CTA-A), la cual el 28 de abril exigió la inmediata liberación de los bolivianos.

Además, aprovecharon la oportunidad para apoyar también el pedido de Bolivia de una salida soberana al mar.

“Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros latinoamericanos. Apoyamos el pedido legítimo de una salida al mar para el pueblo boliviano. Promovemos la unidad de los pueblos de nuestra América”, señala parte del pronunciamiento.

Asimismo, añade que la CTA-A “repudia la detención de los 9 funcionarios bolivianos en la frontera entre Bolivia y Chile. Se trata de 7 servidores de la Aduana y 2 miembros de las Fuerzas Armadas que llevaban adelante un operativo de lucha contra el contrabando y fueron detenidos de manera arbitraria por carabineros chilenos”.

La entidad social añadió que el hecho se produjo días antes que Bolivia presentara su réplica por la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Holanda.

DETENIDOS

El 19 de marzo, nueve bolivianos (dos militares y siete trabajadores de la Aduana Nacional) fueron detenidos, mientras realizaban sus funciones de operativos en contra el contrabando, por carabineros chilenos.

El 21 de marzo, el equipo jurídico boliviano presentó su réplica por la demanda marítima en La Haya.

“El 19 de marzo participamos del pedido mundial de mar para Bolivia y horas antes de la presentación de la réplica boliviana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, nos enteramos de esta noticia, de una coincidencia sospechosa”, añaden los integrantes de la CTA.

NOMBRES

Los nueve bolivianos procesados por la justicia chilena son: Alex Jhonny Carvajal Huchani (capitán de Ejército), Carlos Calles Solís (suboficial de Ejército) y los funcionarios aduaneros: Arsenio Choque Gonzales, Diego Guzmán Vásquez, Brian Leando, Edilberto Mamani, Juan José Tores, David Quenallata y Karl Guachalla.

Todos fueron trasladados el 22 de marzo a la cárcel del Alto Hospicio, de Tarapacá, donde cumplen su detención preventiva (140 días), decidida por un organismo judicial de Chile.