Derechos Humanos de ONU debe permanecer en Bolivia

Tras el anuncio de la posible salida de la Oficina de El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Yolanda Herrera manifestó que la actual presidenta y el directorio de esta instancia deben solicitar al Gobierno renovar el convenio y certificar su permanencia en Bolivia.

“Para el Estado boliviano es importante mantener la oficina, porque la democracia se basa en el respeto del estado de derecho. Tener una oficina de ese nivel es un punto a favor, siempre y cuando se respete el nivel de la incidencia que tiene esta instancia”, precisó Herrera a EL DIARIO.

Fuentes diplomáticas revelaron que el Gobierno boliviano no renovó el convenio con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que continúe en el país, por lo que esta instancia solo se quedaría hasta el 31 de diciembre del presente año.

LABOR A MEDIAS

Sin embargo, Herrera remarcó que esta instancia no realizó una óptima labor en algunos casos que se presentaron en el país, donde se verificó la vulneración de los derechos humanos de las personas e instituciones como es el caso de la promulgación de la Ley 351, de Otorgación de Personalidades Jurídicas, para que las organizaciones no gubernamentales continúen trabajando en el país.

“En casos muy emblemáticos esta oficina no tuvo una postura muy firme, lo que tampoco deja en la población una sensación de gran pérdida. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, la Ley 351, que es una norma que atenta a la libertad de asociación, no hubo una reacción firme por parte de esta instancia, al final el Estado actuó como ha previsto”, expresó.

Esta norma fue aprobada el 19 de marzo de 2013, además en su decreto reglamentario señala que las organizaciones que obtuvieron su personería jurídica, con anterioridad a la publicación de esta ley, deben adecuar sus estatutos y reglamentos internos de acuerdo con la planificación nacional y las políticas nacionales.

CASO CUSI

Otro de los casos donde no intervino esta instancia es la vulneración de los derechos del exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Gualberto Cusi, quien fue suspendido de su cargo y se abrió juicio de responsabilidades en su contra por paralizar la ley del notariado.

En ese mismo caso, el exministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, en diciembre de 2014, vulneró la Ley 3729, al revelar la enfermedad que padece el magistrado suspendido Cusi.

Pese a su delicado estado de salud, el Gobierno le suspendió todos los beneficios que le franquea la ley. Actualmente, el proceso continúa en curso en la Asamblea Legislativa.

ATAQUES A LA PRENSA

En otro de los casos donde no se presentó esta instancia es la vulneración de la libertad de expresión, muchos medios de comunicación y periodistas fueron censurados por el Gobierno, debido a que estos mostraron una posición crítica a la actual administración estatal, tal es el caso de Amalia Pando, Andrés Gómez, Jhon Arandia, entre otros.

“Se hizo notar que, a pesar de tener una oficina de este nivel en nuestro país, no necesariamente nos garantiza que el Gobierno respete y se apegue a la garantía y al respeto de los derechos que tiene las personas, a la libertad de expresión y a la libertad de prensa”, puntualizó.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene por labor la elaboración de informes anuales respecto al estado de los derechos humanos en el país.