• La isla se encuentra en una crisis financiera y la petición es para “asegurar servicios esenciales a la ciudadanía”
Ante la crisis financiera que atraviesa Puerto Rico, el gobernador Ricardo Roselló solicitó ayer acogerse a una protección por bancarrota a fin de reestructurar su deuda de más de 70.000 millones de dólares, dos días después que venciera una moratoria de pago a los acreedores.
“Ante la realidad del calendario y la eliminación de la moratoria tomé la decisión de solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para poder trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal”, dijo Roselló en una conferencia de prensa.
El Título III de la ley Promesa prevé la quiebra como un recurso que permite reestructurar la deuda en caso de que el gobierno y sus acreedores no logren acuerdos.
Asimismo, dijo que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores de una deuda pública que asciende a 72.000 millones de dólares.
“El objetivo final de esto es proteger a nuestro pueblo”, afirmó el ¨Gobernador, argumentando que los acreedores pretenden “reducir el dinero disponible para el pueblo de Puerto Rico”.
Según el Wall Street Journal, la de Puerto Rico es la mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos.
La deuda puertorriqueña deja pequeña la que padeció la ciudad de Detroit, de 18.000 millones de dólares, cuando entró en bancarrota en 2013.
Al día siguiente, ayer, varios propietarios de bonos rechazaron una propuesta del Gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.
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