Puerto Rico inicia largo camino para saldar deuda

San Juan (Puerto Rico).- Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de EEUU, comenzó ayer un largo camino para el pago de su deuda bajo un proceso de quiebra que solicitó la entidad federal que controla al Ejecutivo de la isla.

Un día después de la decisión anunciada ayer por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el mandatario aseguró en una conferencia de prensa, tras reunirse con su equipo fiscal que no tomará una ruta “que redunde en más sacrificios para el pueblo de Puerto Rico”.

En este sentido, “las necesidades esenciales del pueblo de Puerto Rico, estarán primero siempre”, agregó el gobernador.

QUIEBRA

A su vez, indicó que existe la “percepción de que el Título III es la quiebra. ¡La quiebra había llegado hace tiempo! Simplemente esto ha sido un proceso para tener la protección de la corte a las demandas frívolas y una base para poder renegociar los términos de la deuda”.

El gobernador también quiso subrayar que se está «trabajando por Puerto Rico» y que afrontará «todos los retos que se presenten poniendo al pueblo primero».

Ayer la Junta de Supervisión Fiscal -entidad de control impuesta por Washington sometió una solicitud del Gobierno para acogerse a un tipo de quiebra que establece normativa aprobada en el Congreso de EEUU para atender este asunto.

SUPERVISIÓN FISCAL

La Junta de Supervisión Fiscal presentó la solicitud al Tribunal del Distrito federal de Puerto Rico para que el Gobierno se acoja al título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Esa norma, que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal que controla cualquier decisión del Ejecutivo local, fue aprobada en 2016 en el Congreso de EE.UU. con el objetivo de dar solución a un caos que se avecinaba ante la imposibilidad de devolver una deuda de 70.000 millones de dólares.

Una vez presentada por parte de la Junta de Supervisión Fiscal la solicitud de acogerse al título III de Promesa, que no es más que un proceso de quiebra tutelado por la Justicia, es turno de que el presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, elija juez.

La Ley establece que durante la negociación ningún tribunal acepte demandas por impago, con el objetivo de «dejar respirar» al Ejecutivo de la isla y que no tuviera que destinar su atención a litigios judiciales.

ANTECEDENTES

Para entender el porqué de la Ley Promesa hay que volver la mirada a 1984, año en el que la isla deja de estar incluida en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal de EE.UU.

En 2015, el Gobierno de Puerto Rico ve que ya no puede acudir más a los mercados para financiarse porque nadie le presta ante la amenaza de un impago promueve, con el objetivo de solucionar el caos que se avecina mediante una bancarrota dirigida, la Ley de la Quiebra Criolla, que en junio de 2016 declara inconstitucional el Tribunal Supremo de EE.UU.

La indefensión en la que quedaba Puerto Rico sin poderse acoger a un proceso ordenado de quiebra y la evidencia de que no podía pagar la deuda forzó a que en junio de 2016 el Congreso aprobara Promesa, concebida para que el Ejecutivo local pueda cumplir con los acreedores y seguir operando el Gobierno.

El proceso de quiebra comenzó el miércoles con el título III, que establece la paralización de las demandas judiciales de los acreedores.

La Junta de Supervisión Fiscal, en representación del Gobierno de Puerto Rico, presentará un plan -que tendrá en cuenta hasta dónde puede pagar el Gobierno- de ajuste de deudas que será evaluado por los acreedores, quienes votarán sobre su aprobación.(EFE)