Suspenden tratamiento de proyecto sobre ropa usada

El Gobierno determinó suspender el tratamiento del proyecto de ley que faculta a las alcaldías controlar y decomisar la ropa usada, entretanto se agote el diálogo en las reuniones entre este sector y las autoridades gubernamentales.

La feria 16 de Julio de El Alto, es considerada uno de los centros más grandes, del país, donde se comercializa ropa de segunda mano.

La dirigenta Elizabeth Verástegui informó que la mañana de ayer recibieron una carta del ministro de la Presidencia, René Martínez, en la que indica que "se encuentra en suspensión el tratamiento del mencionado proyecto de ley, en tanto se agoten las reuniones de evaluación futuras".

PREDIPOSICIÓN

"El presidente (Evo Morales) en persona nos ha llamado hoy día (jueves) (ayer) y ha dicho que tiene la predisposición para comunicarnos. Y hay un documento escrito del ministro René Martínez", declaró la representante de la Comisión Nacional en Defensa de Ropa y Prendería a medio uso, Elizabeth Verástegui.

El Gobierno, según dijo la dirigente, les convocó para dialogar este jueves (ayer), sin embargo los dirigentes departamentales no se encuentran en la ciudad de La Paz, por lo que comunicará a sus bases sobre la disposición del Gobierno para conversar sobre la propuesta que tiene este sector.

Añadió que la principal demanda no solo es rechazar el proyecto de ley sino que el Gobierno debe "levantar el decreto 28761 en el artículo 3 que prohíbe la importación y venta de ropa a medio uso, para negociar sobre las fuentes de trabajo".

SUSPENSIÓN DE MEDIDAS

Anticipó que se suspenderán las medidas de presión una vez que los dirigentes departamentales se pronuncien sobre la nota que envió el Gobierno a este sector.

El pasado mes, el vicepresidente Álvaro García Linera, junto a los empresarios de la mediana y pequeña industria informaron del proyecto de ley que faculta a las alcaldías el control y decomiso de la ropa usada, con el objetivo de proteger y potenciar a la industria nacional.

La acción ha movilizado a miles de comercializadores de ropa usada que ahora exigen ser legalizados.

FUENTES DE TRABAJO

Verástegui dijo que la falta de fuentes laborales y la necesidad de generar recursos económicos ha obligado a las familias a dedicarse a esta actividad de venta de ropa usada y exigió al Gobierno a generar fuentes de trabajo permanentes y sostenibles.

"El Gobierno tiene la facultad de apoyar a la industria nacional, buscar mercados. La industria nacional tiene que mejorar y la población debe consumir más industria nacional, pero de mejor calidad y bajo costo", afirmó la dirigente.

Defendió la calidad de la mercancía que comercializan "es de mejor calidad, dura más y es más económica", afirmó Verástegui, quien aclaró que no son directamente quienes importan esta mercancía sino que la adquieren en la Feria de la 16 de Julio o en la ciudad de Oruro.

Precisó que cada fardo de ropa usada tiene diferentes costos desde 50 dólares hasta 500 dólares, dependiendo si es ropa de primera que en su criterio son prendas nuevas, mientras que otros fardos tienen ropa que puede ser desechada.

"Con mercadería de primera se gana hasta un 30% (nosotros) pagamos a lavanderas y planchadoras y se puede lograr una utilidad hasta de un 20%", comentó la dirigente. (ANF)