Perseguidos por ayudar

Manuel y cuatro compañeros de la organización de rescate ‘Proemaid’ acabaron en prisión por realizar operaciones de salvamento en el mar Egeo. A pesar de que llevaban desde 2015 colaborando con las autoridades griegas para tratar de ayudar a los migrantes que intentan llegar a Europa por el mar, les detuvieron tras acusarles de tráfico de personas. Más de una decena de organizaciones han denunciado en el Parlamento Europeo, una persecución de las autoridades nacionales por realizar labores humanitarias. “A pesar de la intimidación a la que nos someten, hemos rescatado a más de setenta mil personas” explica Óscar Camps, director de la ONG ‘Proactiva Open Arms’.

El caso de Manuel no es el primero y es probable que tampoco el último. Estas prácticas abusivas se deben a la política migratoria de la Unión Europea, que busca frenar la llegada de migrantes y refugiados, en vez de proteger su vida y salvaguardar sus derechos. Existe una verdadera operación de hostigamiento hacia los voluntarios que prestan ayuda en el Mediterráneo. Como ejemplifica un informe de ‘Frontex’, la agencia de control de fronteras de la Unión Europea, que acusaba a diversas organizaciones que realizaban rescates de traficar con personas. El objetivo es “generar una corriente de opinión contra las ONG”, denuncia Camps. Son testigos de una vergonzosa situación, que causa incomodidad al poner de manifiesto la falta de voluntad política en solucionar esta crisis.

La persecución que sufren está amparada por la legislación europea en la llamada ‘Directiva de facilitación’. Su primer artículo permite sancionar a toda “persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de éste”; aunque en el punto 2, la decisión final de imponer sanciones recae sobre los Estados miembros “en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.” El problema se encuentra en la arbitrariedad del artículo, ya que depende de la voluntad individual de cada Estado. Por este motivo la abogada Paula Schmid ha impulsado una iniciativa para modificar esta norma, porque “viola de manera flagrante principios internacionales básicos”, explica la letrada.

En la actualidad existen dos operaciones navales europeas, pero ninguna de ellas de búsqueda y rescate, sino de control y vigilancia. La sociedad civil realiza una labor fundamental, pero la responsabilidad de la colaboración y ayuda humanitaria no debe recaer sólo en ella. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que la UE destina más dinero a deportaciones forzosas que a salvamento y que no existen vías seguras de llegada a Europa, además de una falta de respuestas desde Bruselas. En esta situación, en la que los gobiernos e instituciones han demostrado no estar a la altura, deberían recordar que todas las personas tienen derecho a la vida, a la seguridad y protección, a circular libremente, o buscar asilo, como recoge la Declaración Mundial de los Derechos Humanos.

El autor es periodista.

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