Informes policiales dan cuenta de que en el primer trimestre del presente año, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), como resultado de “3.109 operativos, se apresó a 995 personas por delitos relacionados con el tráfico de sustancias controladas”. El mismo informe señala: “como consecuencia de esos apresamientos, se logró incautar cuatro toneladas con 472 kilos de cocaína. Asimismo se confiscó 138 toneladas con 441 kilos de marihuana y se procedió a la destrucción de 997 fábricas de drogas ubicadas tanto en centros urbanos como en zonas inaccesibles”.
Como resultado de los 3.109 operativos, han sido apresadas 995 personas. Los informes son pormenorizados y muestran la gran capacidad del negocio de las drogas, tanto para producirla como para su traslado a centros de comercialización, como su proliferación en diferentes sitios del mundo.
El trabajo de la FELCN y de UMOPAR indefectiblemente es bueno, positivo y resulta contundente contra el narcotráfico; pero, si bien se informa sobre la cantidad de droga decomisada, sobre labores de interdicción y hasta secuestro de avionetas y otros medios de trasporte, no se complementa con informaciones que pueden y deben ser importantes para conocimiento público; y éste es el caso, por ejemplo, de las 995 personas apresadas que, por principio lógico se entiende, seguramente portaban joyas y dinero. Nadie dice algo sobre los montos incautados ni hay detalles sobre lo secuestrado y que es de uso personal. En todo tiempo y en todo país donde se realizaron labores de interdicción, se ha encontrado mucho dinero en poder de esas personas y, en muchos casos, por ejemplo EEUU, se ha informado con detalle sobre ello.
Habría que suponer, por ejemplo: 995 personas tenían que llevar consigo siquiera la ínfima cantidad de 100 bolivianos; ello implicaría una buena suma si se totaliza los valores; pero con seguridad que lo decomisado es mucho más. ¿Y cuántas joyas, relojes, etc., portaban? Esta falta de información pormenorizada y oportuna deja “nebulosas de duda” sobre quienes decomisan, apresan y resguardan lo incautado. Ello perjudica seriamente no al personal de la FELCN o a UMOPAR o a la Policía en general sino a las instituciones que deben preservar su prestigio y honorabilidad y no tener todo en climas de duda o sospecha.
Muchas veces se dijo que “lo incautado está en poder del juez”; pero, consultado éste, la respuesta fue categórica: no saber al respecto. Es urgente, pues, que las informaciones sobre incautaciones al narcotráfico sean precisas, claras y terminantes; de otro modo, el guardar o mantener en reserva esos datos causa más perjuicio que el mismo delito que se combate, porque, de una u otra manera, crea antecedentes y condiciones para que “reservas tan precisas” se conviertan en delito que se haga permanente.
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