Baja productividad y desempleo
• El resto de los trabajadores, o no tiene patrón o empleador que le pague el ajuste, o está desempleado, sostuvo la investigadora senior de la Fundación Inesad, Beatriz Muriel • Las estadísticas que presentó la especialista, señalan que en Bolivia aumentó la precarización laboral y que puede profundizarse en siguientes años
El incremento salarial 2017 dispuesto por el Gobierno el pasado 1 de Mayo, podrá ser aplicado apenas al 36% de la fuerza laboral del país, dado que el resto de los trabajadores, no tiene un patrón o empleador que le pague un sueldo o, alternativamente, está desempleado.
Según el análisis de la especialista, Beatriz Muriel, investigadora de la Fundación Inesad, de los trabajadores asalariados en 2011, el 15,9% percibía un sueldo menor al salario mínimo; porcentaje que aumentó a 30,7% en 2015. “Este resultado sugiere que muchas unidades productivas no están pudiendo incrementar los sueldos, esencialmente aquellas donde la regulación laboral no se aplica por diversas razones”, comentó.
MEDIDA
El 1ro de Mayo pasado, el presidente Evo Morales, determinó un incremento del 10,8% al salario mínimo nacional y del 7% al haber básico. Según Muriel, las luces de esta medida recaen en el hecho de que los trabajadores cubiertos por la normativa laboral, tendrán un aumento salarial mayor al de la inflación –que llegó al 4% en 2016.
Indicó que las políticas públicas que promueven mejores ingresos reales (en términos de poder de consumo) son siempre deseables, dado que hacen posible que las familias beneficiadas tengan una mejor calidad de vida -a través de una mayor satisfacción de las diversas necesidades de consumo.
Sin embargo, advirtió que “las sombras recaen en que las políticas tienen limitaciones en un contexto laboral con desempleo como el boliviano, pero sobretodo con altos niveles de informalidad y bajo desarrollo productivo, donde es posible que el incremento de los costos laborales no pueda ser encarado por varias empresas formales (en buena medida por las micro y pequeñas con actividades de sobrevivencia).
IMPACTO
En su opinión, los resultados pueden ocasionar la desvinculación, o no contratación a futuro, de trabajadores bajo norma; llevando a una mayor precarización laboral. Es así, que el porcentaje de los trabajadores asalariados con aguinaldo –como una aproximación amplia de aquellos cubiertos por la normativa laboral- aumenta levemente entre los años 2011 y 2013, pero cae en 7,9% entre 2013 y 2015; mostrando claramente una mayor precarización laboral –es decir, menos empleos formales para la población ocupada-.
Llamó la atención que, en contraste a lo deseado, el porcentaje de estos trabajadores que declararon pertenecer a algún sindicado o gremio bajó de 22,1% en 2011 a 11,4% en 2015.
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