Ordenan arresto domiciliario para presidente de Petrobras Bolivia

La justicia boliviana dispuso el arresto domiciliario del presidente de Petrobras Bolivia, el brasileño Marcos Benicio Pompa Antunes, por una millonaria deuda con una empresa constructora, según informó este sábado la prensa boliviana.

“El motivo del arresto es una supuesta deuda de 2,5 millones de dólares con la empresa constructora y de servicios Vialco SRL”, reportó el portal del periódico El Deber de Santa Cruz (este), donde la sucursal de la petrolera brasileña tiene sus oficinas.

La orden de detención fue emitida por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz en cumplimiento de una sentencia que fuera emitida el 22 de marzo pasado.

El portal del periódico boliviano indica que la propia oficina de Petrobras en Bolivia confirmó la medida dispuesta contra su principal ejecutivo.

La empresa petrolera brasileña -afectada por una serie de denuncias de corrupción en su país de origen- está presente en Bolivia desde 1996 y en la actualidad desarrolla operaciones de exploración y extracción de hidrocarburos.

“Petrobras (...) está convencido de que su defensa revocará el arresto domiciliario preventivo de su representante, liderando la carrera para el foro comercial”, señaló Petrobras en un comunicado, de acuerdo al reporte de BBC Brasil.

La información se conoce días después de que el Gobierno de Bolivia firmó cartas de intenciones para la venta de gas a los estados brasileños de Matto Grosso y Matto Grosso del Sur, sin la participación de Petrobras.

CORRUPCIÓN

La conocida Operación Lava Jato (lavadero de autos) saltó en marzo de 2014, tras la detención de una veintena de personas en varios Estados de Brasil, aunque las investigaciones se trasladan a julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo.

En el proceso de la operación, se destapó una red de corrupción en la estatal brasileña Petrobras, así como un sinfín de problemas financieros y políticos, que afectaban a figuras cercanas al gobierno.

Tras casi dos años de investigación, hay decenas de detenidos, en su mayoría altos ejecutivos de empresas constructoras involucradas en un esquema de pago de sobornos por contratos, así como directivos de Petrobras.

Sobre el dinero presuntamente desviado, la Fiscalía calcula que la cantidad total entre 2004 y 2012 asciende a 8.000 millones de dólares, en el mayor escándalo de corrupción de la democracia brasileña.

RELACIÓN DE HECHOS

En marco de 2014, la Policía Federal desarticula una banda acusada de haber lavado cerca de 10.000 millones de reales (unos 4.350 millones de dólares) de valores y dinero de origen ilegal.

En 21 de marzo, detienen al exdirector de Refinería y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa. En septiembre, en plena campaña electoral, Costa desvela un sistema de corrupción que compromete a diputados, senadores y políticos del PT y sus aliados PMDB y Partido Progresista (PP).

El caso se refiere al supuesto pago de sobornos millonarios a decenas de políticos por parte de constructoras que ganaron contratos con Petrobras entre 2004 y 2012.

Ya el 26 de octubre, Dilma Rousseff, que es reelegida como presidenta de Brasil, se compromete a combatir la corrupción, y en diciembre, un total de 35 personas, entre ellas 22 ligadas a seis grandes constructoras de Brasil, son denunciadas por la Fiscalía del estado de Paraná por su supuesta implicación en el caso.

El 27 de diciembre, la presidenta Rousseff, el saliente ministro de Hacienda, Guido Mantega, y la presidenta de Petrobras, Graça Foster, figuran entre los catorce nombres que deberán responder en un proceso adelantado por la Justicia de Estados Unidos contra Petrobras.

2016

El 29 de enero de 2016, la Fiscalía de Sao Paulo cita a declarar en calidad de investigado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuesto lavado de dinero, a raíz de la compra de un apartamento en el balneario de Guarujá, y un mes después el expresidente presenta por escrito su defensa ante la fiscalía de Sao Paulo.

En marzo, el Consejo de Ética de la Cámara Baja brasileña aprueba proseguir el proceso que le puede costar el cargo al presidente de ese órgano legislativo, Eduardo Cunha, implicado en casos de corrupción en Petrobras. Agencias y medios locales.