Diálogo frustrado: temor generalizado

Las elecciones que debieron realizarse en Venezuela el año pasado están suspendidas, ni siquiera tienen fecha. Todos los poderes públicos han sido tomados por el partido de gobierno. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas se han declarado, también, militantes del oficialismo. La inhabilitación política dictada a Henrique Capriles, es una última muestra de la desesperación de un gobierno que se ha quedado sin pueblo. En Venezuela hay una élite política que, antes que perder sus privilegios, está dispuesta a prohibir la democracia.

Sin separación de poderes y sin elecciones, no hay Constitución que valga, la democracia en Venezuela ya no existe, es un espejismo muy frágil, del cual la comunidad internacional recién está saliendo de su largo letargo, aun cuando sigue débil e indecisa. Lo grave es que el gobierno pretende ampararse en la Constitución para violar la Constitución, actuando a nombre de una supuesta “revolución”, para actuar cada vez más como las antiguas dictaduras de derecha del continente. Desde el inicio, la nueva Asamblea Nacional, con mayoría opositora, estuvo herida sin darse cuenta ya que de inicio fue despojada de su verdadero poder por el Tribunal Supremo de Justicia que ha emitido más de 50 sentencias en contra del Parlamento, cancelando o rechazando cualquiera de sus acuerdos o promulgaciones.

A través del Tribunal Supremo de Justicia, el gobierno de Nicolás Maduro ha conseguido que el efecto del éxito electoral de la oposición se evapore, que la mayoría no sea la mayoría, que la democracia sea tan solo una gimnasia retórica. Con el control institucional, el oficialismo mantiene la apariencia de legitimidad mientras actúa como una dictadura. Promueve el diálogo mientras suspende las elecciones. Acepta la mediación del Vaticano para aumentar la represión y el número de presos políticos. Es, al mismo tiempo, el policía malo y el policía bueno. Invita a la oposición al diálogo, al camino de la democracia, y después asegura que la oposición jamás volverá al poder: “ni por las buenas ni por las malas”. Así ha logrado conseguir que la bipolaridad política tenga una aparente coherencia discursiva.

A la Canciller venezolana le parece bien que el Tribunal Supremo de Justicia haya suspendido al Parlamento, como parte de un ejercicio correctivo ante una nueva conspiración. Cree que las protestas populares que se realizan en Caracas carecen de legitimidad, que solo buscan derrocar al gobierno y que deben ser reprimidas. Delcy Rodríguez dice en la OEA que Venezuela tiene los mecanismos para resolver las “discrepancias” entre los poderes. Habla como si un golpe institucional fuera un impasse, un simple malentendido, agravando el temor de todos por las consecuencias que trae toda visión miope y limitada, como lo ha revelado siempre la historia.

El Ing. Com. Flavio Machicado Saravia es Miembro de Número de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas.