Magistratura aparta a 80 jueces y 26 vocales

El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilbert Choque, confirmó ayer que “por recomendación de la Comisión” de implementación de conclusiones de la Cumbre de Justicia, se “agradecieron los servicios” de 80 jueces y 26 vocales, porque tenían en su contra denuncias de corrupción y retardación de justicia.

La determinación dio lugar que la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia (Amabol) se declare en estado de emergencia.

TEMPORALIDAD

Según Choque, la Comisión de Seguimiento “ha recomendado evaluar y alejar a los funcionarios que tienen conflictos (imputaciones) en el ámbito de la justicia. En ese marco, el Consejo de la Magistratura ha tomado la decisión de apartar (de su cargo) aproximadamente a 80 jueces del país y a 26 vocales”, confirmó en contacto telefónico con EL DIARIO.

El máximo representante de la Magistratura afirmó que “no hay marcha atrás” y que luego de la aprobación de esta resolución, el pasado viernes 05 de mayo, lo que sigue es emitir una convocatoria para que los profesionales formados en la “Escuela de Jueces” sean quienes pasen a ocupar estas acefalías, en los diferentes tribunales de Justicia, para completar los 1.020 magistrados a nivel nacional.

Choque explicó que una de las bases para el alejamiento de estos jueces “muy observados” fue una evaluación rápida con base en “el principio de ética, de legalidad y transparencia en la función pública, y en ese marco es inconcebible que los que imparten justicia puedan estar también procesados”, aseveró.

“Nosotros estamos tomando como un parámetro el tema de la transitoriedad, es decir que, en este momento, todos los jueces saben y conocen que son jueces transitorios, conforme a la nueva Constitución Política del Estado (CPE), la Ley 025 (de Control del Órgano Judicial), la ley transitoria del 2009; entonces, estamos en ese proceso de institucionalización”, afirmó Choque.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El presidente de la Amabol, David Rosales (Santa Cruz), a tiempo de expresar el rechazo a esa medida, afirmó que la resolución viola la “presunción de inocencia”, pues este reglamento “con simple recopilación de datos” sobre si un juez cuenta con imputación o acusación formal, el Consejo de la Magistratura podrá cesar del cargo a los jueces.

Explicó que es de conocimiento de las autoridades, que al estar a cargo de un juzgado, los jueces son pasibles de ser demandados por cualquier litigante que no esté conforme con el fallo que emitió, pero ahora la Magistratura podrá sacar del cargo al juez a sola denuncia, sin tener una sentencia, incluso en medio de un proceso de investigación.

LEY DE TRANSITORIEDAD

“Están valiéndose de una sentencia constitucional sobre la transitoriedad, que el Tribunal Constitucional sacó cuando la ley y los tratados internacionales hablan de que existen condiciones para poder cesar del cargo a un juez”, declaró Rosales.

Aseveró que la determinación asumida de forma unilateral por el Consejo de la Magistratura vulnera los términos establecidos en los artículos 22 y 23 de la Ley 025 como causales de incompatibilidad y cesación al cargo de un juez, y ante esto, la jornada de ayer, en los nueve departamentos se han realizado reuniones, y expresaron el rechazo a esta norma, y que más adelante no se descarta la presentación de un recurso de inconstitucionalidad y otras medidas legales.

Rosales reiteró que están vulnerando el principio de presunción de inocencia y negando el derecho a la defensa de al menos 86 jueces y 24 vocales que podrían ser cesados si se aplica el cuestionado reglamento.

AL MARGEN DE LA LEY

Sin embargo, para Choque, la representación de la Amabol está al margen de la ley y no es reconocida, adelantó que no hay razón para reunirse con ellos.

La Comisión que emitió la recomendación y que está acatando la Magistratura está conformada por los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados (MAS); el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia; el Presidente del Consejo de la Magistratura; el Fiscal General del Estado; el Viceministro de Gobierno y el Procurador General del Estado.