El extenso interrogatorio del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el juez Sergio Moro, el 10 de mayo de 2017, en Curitiba, polarizó aún más las posiciones sobre la responsabilidad del expresidente brasileño en el mayor escándalo de corrupción de Brasil, estiman analistas.
Víctima de una persecución política o artífice de la red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras: casi no existen posturas intermedias sobre Lula y los cinco casos judiciales que enfrenta.
“No creo que la declaración y las imágenes divulgadas hayan sido en sí benéficas o perjudiciales (para Lula). Están sirviendo más que nada para atizar la polarización de la sociedad brasileña”, opinó el doctor en ciencia política Nuno Coímbra, investigador en la Universidad de Sao Paulo.
En la causa en cuestión, Moro busca determinar si Lula (2003-2010) es propietario de un tríplex en el balneario de Guarujá, en Sao Paulo, que habría recibido de la constructora OAS a cambio de “ventajas indebidas”.