Sala Penal endurece medidas cautelares contra jefe policial

La presidente de la Sala Penal Primera, Ana María Villagómez, determinó ayer endurecer la medidas cautelares en contra del excomandante departamental de Policía de La Paz, coronel José Luis Aranibar, dentro del caso que se sigue en su contra, en la que se lo imputa por la negación de auxilio al entonces viceministro Rodolfo Illanes, asesinado a golpes por cooperativistas mineros en Panduro, el 25 de agosto del año pasado.

En la audiencia que se desarrolló por la mañana, Villagómez trató las apelaciones presentadas a las medidas sustitutivas, emitidas por un juez cautelar en favor de Aranibar.

Las apelaciones fueron presentadas tanto por la defensa de Aranibar como por la fiscalía y la familia del Illanes.

APELACIONES

Mientras la defensa de Aranibar pedía que se le otorguen salidas laborales y firmar sólo una vez a la semana el cuaderno de control en el Juzgado Séptimo de El Alto, la parte querellante solicitó que se revoque la detención domiciliara y el policía sea enviado a la cárcel de San Pedro.

“Las medidas (cautelares) que se le han impuesto al coronel son excesivas no proporcionales”, explicó Johan Muñoz, abogado de Aranibar, quien además señaló que debido a que el exuniformado realizaba trámites para las órdenes de traslado, por medio de sus familiares, se le incrementaba el gasto económico.

Po su lado, el fiscal Erlan Almanza explicó que se solicitaba la revocatoria de la medida sustitutiva, debido a los riesgos de fuga y obstaculización a la investigación.

RESGUARDO POLICIAL

En ese aspecto, en la audiencia, la familia de la víctima observó el fuerte resguardo montado por un contingente de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), que se apostó en dos pisos de los juzgados, con el fin de evitar supuestos incidentes, pero a la vez impidiendo el trabajo de los medios de comunicación.

La juez Villagómez, en audiencia, ante el pedido de la familia, hizo notar que su autoridad no había solicitado resguardo policial. Por otro lado, en cuanto a los riesgos procesales de influencia sobre las partes y la obstaculización de la investigación, también se cuestiona que los representantes del Ministerio de Gobierno, como el abogado Marcelo Gutiérrez, realizó declaraciones en favor de Aranibar, develando una paralización, que constituye un peligro efectivo contra las víctimas.

Con esos antecedentes, la juez Villagómez determinó disminuir a solo un día en cada semana la firma del cuaderno de control, pero endureció las medias sustitutivas, fijando que ahora el coronel cuente con un custodio permanente en su domicilio.

Le denegó la salida laboral, recordándole a la defensa de Aranibar, que este había manifestado que si bien percibe un salario, el coronel se encuentra en retiro voluntario, por lo que no tiene necesidad alguna de abandonar su domicilio.

La fiscalía continúa en la investigación de este caso, en el que, según el fiscal Almanza, aún está en proceso para establecer tanto la responsabilidad de las autoridades como identificar a los autores del asesinato de Illanes, durante los enfrentamientos que los efectivos de la Policía, comandados por Aranibar, protagonizaron contra el sector de los mineros cooperativistas, de los cuales existen cuatro muertos por heridas de bala, sin un solo sospechoso.