Purga en el Órgano Judicial

Reaccionando ante las enérgicas críticas de las altas autoridades, presiones de la opinión pública, proyectos de reformas anunciadas por el gobierno e inclusive las sugerencias de la llamada “cumbre judicial”, tanto el Órgano Legislativo como el Órgano Ejecutivo han lanzado una ofensiva para introducir cambios en la administración de justicia.

La primera medida en ese sentido será la elección de nuevos magistrados y la segunda, la iniciativa se ha puesto en práctica por el Ministerio de Justicia que, en actitud radical, anunció una purga de 109 jueces y dos docenas de fiscales acusados de irregularidades, para ser sustituidos por “mejores jueces graduados en la Escuela de Jueces de Sucre”.

La decisión del ministro de Justicia, Héctor Arce, fue, sin embargo, resistida por la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia al señalar que se desconoce el contenido de un supuesto Reglamento sobre el que se basó el alejamiento de los jueces y que los afectados reclaman la aplicación de la ley para defenderse, pues ni siquiera se les ha permitido el derecho de presunción de inocencia, por lo que demandan asumir la defensa individual e inclusive, frente a la “masacre”, procederán a un recurso constitucional para evitar que se realicen los despidos injustificados.

Cualesquiera fuesen las causales que determinaron dicha purga en el Órgano Judicial, lo que se observa, en primer lugar, es la directa intervención del Órgano Ejecutivo en la administración judicial, práctica establecida en los primeros años de vida de la República para nominación de jueces “a dedo” para reducir la independencia judicial.

En segundo lugar, se confirma que la purga y elección de jueces continúa produciéndose de arriba hacia abajo y que así la justicia no la administran los tribunales y, a la vez, no se asegura el estricto y continuo cumplimiento de las leyes por instituciones, funcionarios y ciudadanos bolivianos. Es más, se observa que no existe la independencia de los jueces para que existan seguras garantías jurídicas.

La decisión ministerial revela las características absolutistas de gobierno que rigen en el país, pues los cargos de jueces no son elegibles, se niega al pueblo la posibilidad de retirarles sus facultades, misión que, al presente, está a cargo de dignatarios oficiales y mecanismos del partido gobernante. Ha quedado, en esa forma, eliminado el principio de que los jueces son independientes y no deben obediencia más que a la ley, lo que también significa que nadie tiene derecho a inmiscuirse en la vista de casos judiciales y que para el juez, solo la ley es la autoridad. De ahí que en vez de reformar la “podrida” justicia se la está consolidando en sus más conservadoras tradiciones.