Nepotismo y corrupción

En estos días la opinión pública ha sido sacudida con la denuncia acerca de que en el aparato administrativo del Estado, así como en empresas públicas, prestarían funciones buen número de parientes y allegados a altas autoridades de gobierno, aunque no se investigó con mayor profundidad, pero lo cierto es que en el actual régimen de gobierno del populismo izquierdista, el nepotismo es la nota.

El nepotismo está definido como “la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o empleos públicos” (Diccionario Aristos). Esta conducta de los gobernantes, que no es nueva, pero que en este gobierno - como en muchas otras conductas reprobables- ha adquirido características de escándalo, se pretende minimizar, como si fuera un asunto de poca significación, pues el mismo Presidente del Estado Plurinacional pretende justificar esta anomalía declarando que: “no es delito ni pecado trabajar para el Estado”, pero decimos categóricamente, es una conducta anti ética.

No cabe duda que si un funcionario o empleado desempeña labores en una entidad, anteriormente a la designación de un pariente en altas funciones públicas, estaría al margen del nepotismo, pero si ese empleo o función es consecuencia de la recomendación y la influencia familiar, entonces estamos dentro de esta tacha, como seguramente lo es en la actualidad. Entre las políticas reprobables del actual gobierno está el haber des-institucionalizado el aparato administrativo del Estado en todas sus formas, en especial liquidando la carrera pública en la administración del Estado, medida que había tomado cierto criterio de cumplimiento y que garantizaba solvencia, idoneidad y seguridad en el empleado, que repercutía en una mejor gestión pública.

El repartirse entre parientes, amigos y conmilitones los cargos y funciones públicas, que en última instancia son remunerados con los recursos de todos los bolivianos, resulta una conducta impregnada de corrupción, pues se deja de lado las normas sobre contratación de personal, carrera administrativa y en especial la cualificación del empleado o funcionario, es decir el incumplimiento de normas, y este incumplimiento es un acto de corrupción.

Algunos asambleístas del oficialismo y algunos de la oposición funcional al oficialismo (en especial uno que cambia permanentemente de partido), han pretendido justificar esta conducta política, seguramente porque ellos también deben tener parientes y recomendados en los puestos del Estado, pues no tiene justificativo alguno y sólo es resultado del exceso de uso y abuso de poder político.

Lo dijimos antes en estas páginas y lo volvemos a decir: la corrupción no es sólo enriquecerse a costa del erario público, es decir la figura penal del enriquecimiento ilícito, sino toda conducta de incumplimiento de la ley, de las normas y procedimientos establecidos para la administración de recursos públicos, además de toda acción que vaya contra la ética y las buenas costumbres establecidas en la moral colectiva.

Ya el estudioso Robert Michels en sus dos tomos sobre los partidos políticos, hace hincapié en el estudio sociológico de las tendencias oligárquicas y reafirma la “ley de hierro del poder” que siempre tiende a cerrarse en grupos oligárquicos, es decir que como sucede en nuestra realidad política actual, un grupo cada vez más reducido está en el ejercicio del poder, y ese grupo resulta de parientes, amigos y conmilitantes partidarios, que además seguros de la influencia del que les facilita el puesto público, suelen cometer actos de corrupción y mala gestión.

Nada ha de ser más beneficioso para el buen desempeño de las labores de administración de los intereses del Estado, que reinstitucionalizar las instituciones públicas y empresas de este carácter, de tal manera que los mejores profesionales y ciudadanos sean quienes vuelquen sus conocimientos y experiencia en el ejercicio de funciones de interés público, y que, por supuesto, determinará el manejo correcto de los recursos financieros de todos, evitando las obras elefantiásicas, sin futuro y sólo derroche, como son muchas obras y emprendimientos estatales, que no reditúan ganancias y que responden a apresuramientos de efecto político partidista y seguramente a la corrupción.

El autor es abogado y politólogo.