Dos planteamientos

Por antecedentes negativos debe desistirse de elecciones judiciales

• Abogado constitucionalista expone otras formas de elección de altas autoridades de justicia •El MNR propugna que el Órgano Legislativo trabaje en una ley para modificar la Carta Magna


WILLIAMS BASCOPÉ LARUTA, ABOGADO CONSTITUCIONALISTA.
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El proceso que empezó la Asamblea Legislativa para elegir a nuevas autoridades judiciales debería cancelarse dadas las objeciones y los antecedentes negativos que pesan sobre la primera elección por voto popular, hace seis años, plantearon el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta,

MNR

Por un lado, el MNR propone suspender la convocatoria y las elecciones judiciales y trabajar en una ley de modificación a la Constitución Política del Estado (CPE), con el fin de que la Asamblea Legislativa sea la que elija a los mejores profesionales sobre la base de la votación de 2/3.

En un comunicado que hizo conocer el partido político, señala que es necesario que se suspendan estas elecciones y que el dinero que se invertirá en el mismo, más bien sea destinado al sector salud, como por ejemplo, priorizar la compra de los aceleradores lineales para el tratamiento de los enfermos con cáncer.

El abogado constitucionalista William Bascopé comparte esta postura, señala que debe eliminarse el voto popular en la elección de magistrados, puesto que estas autoridades no administran bienes materiales, tal como lo hace un Presidente o un Alcalde, que son elegidos mediante voto popular.

OTRO SISTEMA

Para evitar estas falencias en la justicia, Bascopé planteó que deben tomarse en cuenta otros sistemas de elección de las autoridades judiciales.

¿Por qué no se debe aplicar al voto popular?, preguntó EL DIARIO a lo que Bascopé argumentó que “en el caso de los alcaldes, son ellos los que administran los recursos económicos, que son de interés común de la población y por eso necesitan la legitimidad de la población. Sin embargo, en el caso de los jueces que administran la justicia, el cual es un valor abstracto, donde para uno es injusto y para el otro es justo, entonces no cualquiera puede optar a esos cargos”.

CUMBRE DE NOTABLES

El comunicado del MNR plantea que debería convocarse a una “cumbre nacional de notables”, vinculados por sus antecedentes académicos, docentes y profesionales al sistema judicial. quienes asesorados por personalidades reconocidas en el exterior, pueden plantear perspectivas de políticas públicas destinadas a transformar la justicia boliviana en un poder imparcial creíble e idóneo, para encarar los desafíos del porvenir.

OTROS SISTEMAS

Por su parte, Bascopé señaló que las autoridades gubernamentales deben optar por otras modalidades de elección de los administradores de la justicia. Citó algunos ejemplos, como en el caso de Estados Unidos, donde el presidente de ese país es quien designa a los representantes y su parlamento da el visto bueno. Los profesionales más destacados son elegidos para estos cargos importantes.

En el caso de Chile únicamente aquellos profesionales que hicieron carrera judicial pueden llegar a ser autoridades jerárquicas del Órgano Judicial de ese país, tomando en cuenta que deben tener la experiencia necesaria para ocupar esos cargos.

“Podríamos optar por ese modelo y que en el Parlamento, con la participación de otras instancias –Colegio de Abogados, la Iglesia Católica y otras instancias– puedan evaluar a los candidatos y llegar a un consenso en la selección de los mejores”, explicó el jurista.

En España, el parlamento es quien escoge a estas autoridades, la característica es que hay un consenso entre mayorías y minorías, es decir un acuerdo político previo para dar legitimidad a los futuros magistrados.

OFICIALISTA

Con relación al tema, el diputado del Movimiento al Socialismo, Lino Cárdenas, indicó que la Constitución Política del Estado (CPE) permite que la población elija a las autoridades de justicia, por lo cual considera que es imposible que pueda optarse por otras modalidades para el nombramiento de los magistrados.

“Es una postura equivocada, en la medida que la Carta Magna establece de forma clara que a estas autoridades se las debe elegir mediante voto, entonces elegir por otra instancia es inconstitucional y no procede, lo que se denota en esta postura es la de generar duda en la población”, indicó.

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