Caída general de los índices económicos

La declinación de los indicadores internos de la economía y las perspectivas financieras del panorama internacional permiten pronosticar con objetividad que el país enfrentará, a fines de la presente década, situaciones delicadas que es necesario prever desde el presente.

Los datos económicos son por demás reveladores y hasta alarmantes, aunque, por otro lado, las autoridades del país aseguran que la economía está “blindada” y que todo transcurre con normalidad. Sin embargo, pese a todo, no se debe perder la perspectiva histórica y atenerse a la dura realidad.

En primer lugar, se destaca que gracias al crecimiento tanto del déficit fiscal como del comercial, el país mantuvo cierto desarrollo, pero ahora esos dos factores no permitirán mantener el crecimiento de la actividad económica en próximos años, ello como efecto de que las condiciones internacionales sufren un creciente deterioro. Al respecto, se sustenta que el año pasado Bolivia registró el déficit más alto de su historia económica reciente por la caída de casi el 50 por ciento de los ingresos por hidrocarburos.

Al mismo tiempo se destaca que la Deuda Interna contraída por el Estado llegó el año pasado a 4.253 millones de dólares o sea 5,1 por ciento más que el año anterior (2015), debido a la emisión de bonos (títulos emitidos por el TGN mediante remate público con fines fiscales) y pago de las amortizaciones con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Esa suma de la Deuda Interna se agrega a la Deuda Externa que gira alrededor de los 15 mil millones de dólares.

Ese panorama nebuloso se ensombrece aún más por la caída de las reservas internacionales; por el hecho de que la producción agropecuaria no mejora y los mercados de consumo están solo abastecidos por importaciones de alimentos por el gobierno, por el contrabando y otros.

No se puede descontar en esa perspectiva la parálisis del sector industrial y, en particular, la crisis de la minería que, pese al alza de precios, no sale de la postración por ineficiencia administrativa; paralización casi total de inversiones que el año pasado se contrajeron en el 60 por ciento; el agotamiento de las reservas de gas… A todo eso hay que sumar las pérdidas que sufre el Estado por la corrupción, que gira en alrededor de mil millones de dólares (casos Lliquimuni, Fondo Indígena, Bulo Bulo, etc.) Esos datos obligan a poner las barbas en remojo.