Legislativo paraliza debate de Ley de Empresas Sociales

La Asamblea Legislativa paralizó el tratamiento del proyecto de Ley Nº 218, de Empresas Sociales, y anunció que se conformará un equipo técnico para realizar las modificaciones que sean necesarias a esta normativa, informó el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales.

“Por pedido del presidente Evo Morales hemos dejado en suspenso el tratamiento del proyecto de Ley 218, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y considerado por la Cámara de Senadores”, explicó la autoridad legislativa.

NEGATIVA PRESIDENCIAL

Morales negó que el Estado pretenda confiscar las empresas privadas, a través del proyecto de Ley Nº 218, de Creación de Empresas Sociales.

“Me sorprendió escuchar que el Gobierno nacional, mediante un proyecto de ley, estaría confiscando empresas privadas, es falso”, afirmó ayer, durante la entrega de una infraestructura educativa en el Distrito 7 de Viacha.

Por otra parte, el mandatario explicó que la federación de fabriles planteó que en el caso de que alguna empresa esté en quiebra, por diferentes razones, los obreros accedan a créditos para que puedan comprar esa compañía.

“Esos obreros pueden convertir en empresa comunitaria, social, es su derecho, siempre y cuando paguen al empresario su costo”, aseguró.

CONVOCATORIA

El Presidente del Senado informó que se conformó una mesa de revisión técnica entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo para modificar algunos artículos del proyecto de ley.

En ese marco, convocó a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) a una reunión para este viernes para brindar mayores detalles sobre esta normativa.

“En las próximas horas se van a afinar algunos detalles que generaron alguna inquietud y preocupación”, sostuvo. Insistió que no existe ninguna intención de “confiscar” o “allanar” la propiedad de la empresa privada, el cual generaría inseguridad jurídica a las entidades empresariales.

OPOSICIÓN

Sobre el mismo tema, el senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, aplaudió la paralización de tratar la norma, porque que en caso de que hubiese sido sancionada en el legislativa y promulgada por el Jefe de Estado hubiese provocado el cierre de muchas empresas, lo cual generaría el despido masivo de trabajadores.

Indicó que UD estará presta a coadyuvar para que se entable una reunión entre el Gobierno y el empresariado privado, a fin de lograr un consenso sobre la esta norma.

EMPRESARIOS

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, pidió al Legislativo que se reconsideren de manera urgente varios artículos, especialmente el 4 y el 7, a los que consideró “medios para confiscar la propiedad privada e inviabilizar la apertura de empresas en el país”.

Nostas señaló también que es inaceptable que una de las causales para arrebatar la propiedad a una empresa sea el retraso en el pago de servicios, salarios y aportes a la seguridad social durante tres meses continuos, además de la disminución de las actividades productivas, tal como lo señala el artículo 7 de dicho proyecto.

En este punto, el dirigente empresarial recalcó que, en muchos casos, esto se debe a situaciones que escapan al control de la propia empresa. Dijo, asimismo, que en la propuesta existen otros defectos que deben ser corregidos por el Legislativo.