En nuestro país, a la falta de centros médicos de alta tecnología, equipamientos modernos y recursos humanos especializados, se suma que un alto porcentaje de la población no tiene accesibilidad a fármacos de vanguardia para el tratamiento de un conjunto de enfermedades catastróficas o de alto costo, entre las que se destacan las neoplásicas, hereditarias y congénitas que matan o incapacitan a quienes las padecen.
Lastimosamente, Bolivia aún no consiguió alcanzar la meta de minimizar la mortalidad materno-infantil; por lo tanto, buscando rendimientos sanitarios resultaría razonable que las inversiones y esfuerzos prioricen la universalización de acciones básicas de salud. Sin embargo, al mismo tiempo, este conjunto de enfermedades crónicas de baja prevalencia no solo disputa recursos a los cuidados esenciales, sino parecería estar ganando la pugna, debido a que hasta el momento los avances realizados en investigación, tecnología y tratamiento resultan demasiado caros, tanto por su elevado costo individual, en algunos casos, como por la cronicidad de su requerimiento en muchos otros. Además pueden aparecer otros problemas si el paciente no es tratado; un ser humano resulta privado del acceso al tratamiento especializado. Pero, por otro lado, si él o su familia deben costear este tratamiento, caen en la pobreza.
Las enfermedades catastróficas tienen bajo impacto en la carga de enfermedad de un país, desde el punto epidemiológico y tienen un alto costo, dejando a las familias en un estado financiero insolvente temporal o definitivo. Por lo tanto, es trascendente que se establezca políticas sanitarias que prioricen la acción pública, pues existe la creencia equivocada de que estas enfermedades, generalmente, sean consideradas como de alta incidencia en países desarrollados y, por el contrario, de menor prioridad en el interés público de los países en vías de desarrollo, como el nuestro. Ello hace que disminuya la necesidad de implementar medidas urgentes para detener su crecimiento entre la población, sobre todo para contener el rápido incremento de su prevalencia entre los menos favorecidos. Su financiación desde el presupuesto de los hogares resulta insustentable, pero la utilización de otras fuentes de financiamiento pone en riesgo potencial la viabilidad financiera del sistema sanitario en su conjunto.
Los medicamentos utilizados para el tratamiento de estas enfermedades son de alto costo y se han convertido en una pesadilla para todos los países de América Latina, ya que estas enfermedades afectan a los sistemas de salud, porque además requieren el uso intensivo de exámenes o procedimientos especializados de alta complejidad para su diagnóstico o de nuevas tecnologías. Las ventas de estos fármacos paradójicamente crecieron el doble, que la venta de medicamentos en general. Cabe destacar que el gasto mundial en medicamentos oncológicos superó el año 2015 el PIB de 123 países y para el 2018 resultará mayor por lo menos al de 150 naciones, según datos obtenidos por el Banco Mundial y consultoras internacionales.
En varios países desarrollados existen subsidios gubernamentales para el desarrollo de la oferta de medicamentos, sin embargo los logros obtenidos hasta el momento no permiten, en la mayoría de los casos, curar sino que se limitan a frenar la evolución y a proveer cuidados paliativos.
Para enfrentar el problema de las enfermedades catastróficas, los países lograron un modelo universal y único de protección social en salud. Las enfermedades catastróficas solo presentan el desafío de una evaluación tecnológica adecuada y de la protocolización de los tratamientos para lograr que los pacientes tengan respuestas homogéneas en calidad.
También urge implementar un seguro contra estas enfermedades, acreditando los servicios médicos para realizar determinadas prestaciones y organizando la dispensación de los medicamentos. Países como Uruguay, Colombia, Chile y Brasil adoptaron medidas para garantizar la cobertura universal de las enfermedades catastróficas y al mismo tiempo regular el mercado.
La principal ventaja de los seguros radica en que cuando el riesgo se divide en millones de beneficiarios, no hay paciente caro. Por ejemplo tratar un paciente con una enfermedad metabólica puede costar más de 300 mil dólares año. Este monto podría comprometer la viabilidad de una institución aseguradora, pero repartido entre 12 millones de habitantes resultaría aliviado.
El autor es médico hematólogo.
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