Proyectan protocolo por uso “desmedido” de detención preventiva

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó ayer un taller de validación de los resultados de un estudio sobre las condiciones y uso desmedido de la detención preventiva en Bolivia, por lo que se proyecta implementar un protocolo para la realización de las audiencias de medidas cautelares.

Pastor Mamani, presidente del TSJ, explicó que el “Estudio de la Detención Preventiva en Bolivia”, realizado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Oficina de las Naciones Unidas Contra y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), fue encomendado al Centro de Estudios de Justicia de la Américas (CEJA).

Mamani señaló que con la imposición de nuevos códigos y leyes, que sancionan delitos como la violencia familiar, los centros penitenciarios del país han recibido más detenidos preventivos, “pero no se ha pensado en lo que se va hacer después, en razón de que estos centros penitenciario han sobrepasado su capacidad, con internos sin condena”, aseveró.

La autoridad indicó que, por esta razón, y teniendo en cuenta que el problema, también se da en otros países de la región, el TSJ junto a entidades internacionales vieron la necesidad de realizar este estudio, por medio del cual se prevé poner en vigencia un “Protocolo de Dirección de Medidas Cautelares”.

Por otra parte, Maritza Suntura, miembro de la Sala Penal del TSJ, detalló que este Protocolo tiene por objeto implantar la oralidad plena para normar, por ejemplo, el tiempo para las argumentaciones, tanto de la parte querellante y de la Fiscalía, así como de la defensa de los procesados, con el fin de que las audiencias no se hagan extensas.

SIN SANCIONES

No obstante, la propuesta de Protocolo no señala una sanción para los jueces que incumplan estas directrices.

Suntura explicó que el protocolo será implementado luego de una evaluación y revisión de los miembros del TSJ.

El taller contó con la participación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani Villca; las magistradas de la Sala Penal, Norka Mercado y Maritza Suntura; el consejero de la Magistratura, Orlando Ríos; el viceministro de Justicia, Diego Jiménez; representantes del Viceministerio de Régimen Interior, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo y los presidentes de los nueve Tribunales Departamentales de Justicia del país y jueces cautelares.