En el marco de la presentación de un estudio técnico jurídico sobre la problemática de la detención preventiva, se propone la creación de una institución, que trabaje en coordinación con el Órgano Judicial, encargada de controlar el cumplimiento de las medidas cautelares y la asistencia de los imputados a las audiencias, con el objetivo de para mejorar la problemática de justicia en Bolivia, como el hacinamiento en cárceles, de acuerdo con la explicación que brindó Leonel Gonzales, coordinador del Centro de Estudios Jurídicos de las Américas (CEJA).
Gonzales, de nacionalidad argentina, presentó ayer ante autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejero de la Magistratura, del Ministerio de Justicia Viceministerio de Régimen Interior, Defensa Pública y Defensoría del Pueblo, el “Estudio sobre la detención preventiva en Bolivia”, el cual fue solicitado por las mismas autoridades.
Entre las conclusiones de este estudio, Gonzales mencionó el análisis que se hizo sobre las causas del fracaso o suspensión de las audiencias cautelares a más de 15 años de implementado el sistema acusatorio, tema que tiene múltiples respuestas.
“Una de ellas, está vinculado a la estructura judicial, concebida y diseñada para la protección del expediente, pensado en términos del sistema escrito”, explicó Gonzales.
Afirmó que en Bolivia, como sucede en otros países de la región, el juez concentra todas las funciones, sean administrativas o jurisdiccionales.
“Y esta sobrecarga de trabajo, por la falta de especialización administrativa, hace que para la realización de esas audiencias no se notifique de forma adecuada, o ese juego armónico de recursos materiales que siempre debe darse entre las partes, no pueda realizar correctamente”, detalló.
Otro de los aspectos analizados, es la problemática en el uso excesivo de la detención preventiva, cuando la legislación boliviana determina esta como una medida extrema.
Además de la problemática de la realización de las audiencias cautelares, Gonzales presentó ante las autoridades una propuesta para la creación de una institución que en coordinación con los administradores de justicia, vigile que las personas procesadas cumplan las medidas cautelares como son la detención domiciliaria, presentación a las audiencias, salidas solo a las fuentes de trabajo o mantenerlas alejadas de las víctimas.
Según la explicación, este sistema de control ya se aplica en otros países, como Estados Unidos, desde finales de la década del 70.
El sistema está a cargo de entes particulares, quienes se encargan de hacer cumplir las medidas cautelares dictadas por el juez, evitando que se opte por la detención preventiva de una persona no sentencia, cuyo proceso aún está en etapa de juzgamiento o investigación y no enviarla con detención preventiva.
El experto argentino es abogado especializado en derecho penal, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un diplomado latinoamericano de reforma a la justicia penal en la Universidad Diego Portales de Chile, trabajó dos años en la Justicia Federal de la Argentina y hace tres años se desempeña como coordinador de capacitación del CEJA, desde donde ha participado en procesos de reforma en la mayoría de los países de América Latina.
Portada de HOY |
1 Dólar: | 6.96 Bs. |
1 Euro: | 7.68 Bs. |
1 UFV: | 2.20236 Bs. |