Las iniciativas políticas en materia económica por lo general no son acertadas, al menos cuando se realiza obras sin las consultas necesarias. A la postre, se incurre en graves errores de interés público, con el agravante de que se producen despilfarros económicos de magnitud.
Dos de estos casos son altamente ilustrativos. Uno es la instalación del ingenio azucarero de San Buenaventura, en el norte del Departamento de La Paz, y el otro es la Planta de Urea en Bulo Bulo, Cochabamba. En el primero se invirtió $us 2.700 millones y en el segundo $us 1.200 millones, incluyendo la forzada construcción de un tramo ferroviario. En total, el “pobre” Estado boliviano echó por la borda la friolera de $us 3.900 millones.
El ingenio de San Buenaventura se construyó en un área geográfica que no se caracteriza precisamente por dedicarse a producir caña de azúcar, que es la materia prima del dulce componente alimentario. A raíz de ello está paralizado, o sea no tiene la actividad productiva que justifique la cuantiosa inversión realizada.
En cuanto a la Urea de Bulo Bulo, se construyó sin considerar que el consumo nacional de este producto es muy pequeño, apenas es de 100 toneladas día, cuando la planta tiene la capacidad de producir diariamente 2.100 toneladas métricas.
Bolivia tiene la fortuna de poseer tierras ricas en la producción de caña de azúcar, que están situadas en el Departamento de Santa Cruz. Esta feliz circunstancia determinó que se instale seis ingenios, uno estatal, en Guabirá, el primero, y el resto privados.
La producción de los seis ingenios es de 9.000 millones de toneladas al año, con lo que el consumo nacional está plenamente cubierto. Consiguientemente, no se justificaba construir el de San Buenaventura, y si se lo hacía podía su producción ser exportada. Pero como en esa área no hay producción de caña de azúcar, en definitiva hoy es un “elefante blanco”, sin utilidad alguna.
En vista de ello, siendo prácticos, podría ser desmontado y trasladado a Santa Cruz, para que Bolivia pase a ser exportadora de azúcar. Mientras esto no ocurre, es un gasto estéril. Cuando esto sucede en el sector privado, el o los autores de un fracaso son enjuiciados y como, generalmente, no tienen el dinero suficiente para reponer el gasto en que se incurrió, van a la cárcel.
En el caso de San Buenaventura alguien -sabemos quién es- tendría que pagar el costo o los “platos rotos” de un monumental fracaso. Si ahora no se puede, el tiempo se encargará de ello. En todo caso, no podrá olvidarse esta deuda y cobrarla en el tiempo oportuno.
La “travesura” de la urea de Bulo Bulo tuvo un costo mayor y existen los suficientes elementos de juicio para pedir cuentas por derroche de dinero fiscal de la manera más irresponsable.
O por lo menos tratar de componer la situación, realizando las negociaciones del caso para exportar el 90% de su capacidad de producción. No cruzarse de brazos, como si no se hubiera inferido tan grave daño económico a la economía nacional.
En último caso, existe la posibilidad de transferir ambas industrias al sector privado, en las mejores condiciones que sean posibles, para impulsar las exportaciones del país.
La indiferencia o incompetencia para resolver estos desaciertos no son admisibles. Bolivia no tiene la capacidad para derrochar semejantes cantidades de dinero, cuando tanta falta hacen para atender la salud pública, aparte de atender otras necesidades premiosas que confronta, por su pobreza y subdesarrollo.
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