Plantean asignación indirecta de recursos

El equipo de consultores que participa en la elaboración del proyecto de ley de organizaciones políticas propone una asignación indirecta de recursos a favor de los partidos, agrupaciones y otras formaciones de políticos, para la capacitación de sus integrantes.

Carlos Molina, miembro del equipo de expertos que acompaña al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el proceso de elaboración del documento, informó a EL DIARIO de los avances en las propuestas para la nueva norma.

DOBLE MODALIDAD

“Ahora se pondrá en debate, es una modalidad doble, una de asignación indirecta en favor de los partidos para su formación, para su capacitación, su fortalecimiento y también sugiere para el debate el financiamiento de “naturaleza privada”, que tendría restricciones, en sentido de asegurar el origen de los recursos, para que la fuente del financiamiento sea lo suficientemente transparente.

“El carácter transparente está establecido con que sean de origen legal, que provengan de personas de instituciones conocidas y cuyo recursos no sean producto de un lavado de dinero o que venga de la ilegalidad, como ocurrió en otros pises”, explicó Molina.

El tema del financiamiento a los partidos políticos está contemplado en uno de los cuatro ejes temáticos que se debatirán en talleres con diferentes organizaciones políticas, para lo cual el equipo técnico acompañará el proceso que realizará el TSE, instancia que una vez que logre consensuar la propuesta, presentará el proyecto de ley de organizaciones políticas a la Asamblea Legislativa.

Para Molina, quien también es exprefecto de Santa Cruz, el tema del financiamiento existía anteriormente, pero tenía características distintas.

Recordó que en agosto de 2008, el actual gobierno de Evo Morales cortó el financiamiento de Bs 40 millones y lo asignó a otra finalidad.

PUEBLOS INDÍGENAS

En ese marco, los representantes de naciones y pueblos indígenas que plantearon la posibilidad de reconocer el acta de constitución de las organizaciones indígenas, en lugar de la personería jurídica, como requisito para la participación de las organizaciones en el sistema político.

El objetivo de la propuesta es garantizar la participación directa de las naciones y pueblos indígenas en las distintas instancias de gobierno, a través de sus normas y procedimientos propios.

Samuel Ramos, representante de la nación Qara Qara (Chuquisaca), explicó que la nueva Ley de Organizaciones Políticas debe procurar garantizar el ejercicio de los derechos políticos reconocidos en la Constitución Política del Estado.

Para Ramos, el trabajo en el proyecto de ley de organizaciones políticas debe estar basado en los convenios internacionales y las normas nacionales, en los que se contemplan y reconocen los derechos de los pueblos y naciones indígenas.

Beatriz Guzmán, representante de la nación Jach’a Carangas (Oruro), está en la misma línea. Explicó que las normas y convenios internacionales reconocen ya el ejercicio democrático propio de las naciones y pueblos indígenas, por lo que la ley sólo debe reconocer la práctica de los mismos, mientras que su reglamentación debe especificar el ejercicio de acuerdo a la visión de cada uno de estos pueblos y naciones indígenas.

MESAS DE TRABAJO

Varias son las mesas de trabajo que se instalaron para el tratamiento de distintas propuestas, ejercicio que se realizará también en el interior del país. Este miércoles, los talleres se instalarán en la ciudad de Santa Cruz.

El proyecto de ley de organizaciones políticas busca además sustituir dos normas actualmente vigentes, la Ley de Partidos Políticos, aprobada en 1999, y la de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, en 2004.