“Achá debe ser incluido en compra ilegal de taladros”

El senador opositor Óscar Ortiz denunció que la Fiscalía de La Paz pone cortapisas para procesar su denuncia destinada a incluir al presidente de YPFB, Guillermo Achá, en calidad de denunciado en la investigación iniciadas por las autoridades, luego de las graves irregularidades incurridas por los ejecutivos y personal administrativo de YPFB en la compra de tres taladros de uso petrolero a la firma italiana Drillmec.

NEGOCIADO

Esos equipos fueron valorados en $us 148 millones. Hay un grupo de 15 servidores que son procesados a denuncia del Ministerio de Justicia, pero aparentemente por razones políticas, ningún personero jerárquico de YPFB, fue citado a prestar declaraciones, tal el caso de los miembros que presidieron la Comisión de Adjudicaciones, gerencia administrativa ni al directorio que administra la firma estatal.

INTENCIÓN

Achá declaró esta semana que estaría dispuesto a presentarse a la Fiscalía a objeto de declarar sobre el caso. Con anterioridad, el principal responsable de la estatal petrolera deslindó responsabilidades y no pudo justificar por qué razones –entre otras graves irregularidades– autorizó la modificación de los precios referenciales en la segunda convocatoria, supuestamente para favorecer a la empresa adjudicada.

PROTECCIÓN POLÍTICA

Ortiz dio a entender que el ejecutivo gozaría de protección de altas esferas políticas del Gobierno, involucradas en actos de corrupción como el presente caso.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Lamentó que en base a su denuncia trabaje el Ministerio de Justicia pero sólo tocando a los de abajo pero no al jefe.

“Ese es el gran problema. (Guillermo) Achá tiene un conflicto de intereses porque claramente, si es uno de los posibles presuntos responsables no tiene ningún interés que avance la investigación”, manifestó al señalar que esa también es la causa para no renunciar al cargo.

RESPONSABILIDAD EJECUTIVA

Sostuvo que el mismo Achá, firmó la resolución que autoriza el inicio del proceso de contratación donde asume responsabilidad, pero se lava las manos y echa la culpa a sus funcionarios en una demostración que hay evidentes irregularidades.

“Él tiene que ser incluido en el proceso y si cree que es inocente, que vaya a un proceso a defender y que no mande a los de abajo y se quede a un lado”, manifestó en declaraciones de prensa ofrecidas en la ciudad de Santa Cruz.