La dictadura del auto-transporte

La ciudad de La Paz, posiblemente como ninguna otra del país, sufre, periódicamente, los embates de propietarios y choferes del transporte público porque se han acostumbrado a no cumplir deberes fundamentales de servicio, ni normas y regulaciones dispuestas por las autoridades, a incumplir las reglas de tránsito y, lo más grave, a exigir que las autoridades municipales cumplan con sus exigencias y, cuando no se acata sus pedidos, deciden paralizar el transporte de la población.

Hace poco se cumplió otra amenaza y se paralizó por un día a la ciudad de La Paz; anunciaron que “respetarán los servicios médicos y, el transporte privado”, pero la realidad ha mostrado que todos debían cumplir con su dictatorial disposición de paralizar la ciudad. Tienen exigencias que, dicen, no soluciona la Alcaldía y ésta, a su vez, señala que los acuerdos han sido respetados pero que “los choferes se niegan a dar cumplimiento y tienen nuevos pedidos que se está considerando”; entretanto, propietarios y choferes de taxis, minibuses, colectivos, etc. han anunciado un paro de 48 horas si sus demandas no son atendidas; es decir, un tiempo mayor al ya cumplido.

El caso es discutido, luego de los análisis debidos, por miembros de la Alcaldía; por su parte, los integrantes del Concejo Municipal son simples espectadores y, como conforman políticas partidistas, parecería que todo lo dejan librado al arbitrio del alcalde y que ellos no deben cumplir deberes impuestos por el cargo que tienen. La Paz, al igual que ningún otro poblado del país, es sometida al arbitrio de propietarios y choferes de vehículos que tienen la obligación de servir, atender los requerimientos de una población que espera eficiencia, limpieza, educación y buen trato por parte de propietarios y choferes, pero éstos han entendido que la población debe estar a su servicio y caprichos.

El problema se agrava por la falta de empleo, que el gobierno debió solucionar hace mucho tiempo. No hay trabajo, especialmente para los jóvenes y, como la familia tiene que vivir, reúnen algún capital, se prestan del banco y adquieren un minibús para ponerlo al servicio público y la ciudad se ve congestionada e imposibilitada de que se le preste buenos servicios. El sector de propietarios y choferes no siempre resulta culpable de recurrir a extremos a que los obliga la carencia de ingresos familiares y pedir mejores tarifas; pero se olvida el principio de dialogar y convenir con las autoridades que, en todo caso, deben ser más solícitas y solidarias con quienes tienen urgencias de que se atienda sus reclamos y necesidades. La Paz no debe seguir viviendo bajo presión debido a la incapacidad de autoridades y choferes del servicio público que no saben o no pueden arribar a acuerdos que eviten dictaduras que no tienen razón de ser y que lastiman y perjudican.