Suman casos que agravan situación Michel Temer

Sao Paulo.- El presidente de Brasil, Michel Temer, sufrió un nuevo golpe con la renuncia de la presidenta del banco de fomento del país, mientras su defensa intenta alargar su investigación en el Supremo, sin perder de vista el juicio que puede anular su mandato en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La dimisión en la víspera de María Silva Bastos al frente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), alegando “motivos personales”, dejó al mandatario un poco más aislado en medio de una crisis que no parece tener fin.

REACCIÓN

Temer reaccionó rápido y a las pocas horas nombró como sustituto al economista Paulo Rabello de Castro, quien hasta ahora era presidente del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Esta no es la primera renuncia a la que tiene hacer frente el jefe de Estado esta semana, pues el miércoles el asesor presidencial Sandro Mabel, un importante dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera Temer, también abandonó el barco.

CRISIS POLÍTICA

Según un levantamiento divulgado por el diario “O Estado de Sao Paulo”, la crisis política podría generar este año unas pérdidas al país de 25.000 millones de reales (unos 7.600 millones de dólares), siendo ese el escenario más optimista.

Las sospechas contra Temer surgieron de los testimonios a la Justicia de los dueños del grupo JBS, en los cuales acusaron a Temer de recibir sobornos desde 2010 y aportaron una explosiva grabación en la que el mandatario escucha en silencio o consiente posibles delitos.

CORTE SUPREMA

Por esto, la Corte Suprema abrió una investigación contra el jefe de Estado por supuesta corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita y en la que también aparecen el senador y excandidato presidencial Aécio Neves y el diputado Rodrigo Rocha Loures, ambos ya apartados de sus cargos.

La defensa de Temer quiere alargar los tiempos y para ello, pidió al Supremo tratar su investigación individualmente y la “libre distribución” de la misma, de modo que el caso sea pasado, por sorteo, a otro magistrado, en vez permanecer con Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en esa corte.

ABOGADOS

De acuerdo con el texto de los abogados, los hechos en cuestión “no tienen nada que ver con la operación Lava Jato”, que investiga desde hace más de tres años la trama corrupta en la petrolera estatal.

Este no es el único frente abierto que preocupa a Temer, pues el 6 de junio el TSE retomará el juicio que puede anular su mandato si se comprueba que hubo irregularidades en la campaña electoral de 2014, a la que acudió como compañero de fórmula, en calidad de vicepresidente, de Dilma Rousseff. Ese juicio comenzó el pasado 4 de abril, pero fue suspendido tan solo dos horas después.

CONDENA

En caso de una condena en contra, Temer conservaría el cargo hasta que se juzguen todas las apelaciones, pero sentaría un precedente para los partidos de la base aliada, que se debaten entre continuar o no apoyando al Gobierno.

Según medios locales, los abogados de Temer intentarán pedir una nueva suspensión del juicio, una idea no bien vista por parlamentarios del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el derechista Demócratas (DEM), que decidieron seguir al lado de Temer pese al escándalo.

“El retraso en el TSE no interesa ni al Gobierno, ni al país. Los dos necesitan una definición sobre la crisis que estamos viviendo”, apuntó el presidente de DEM, el senador José Agripino.

FECHA DE JUICIO

El senador Ricardo Ferraço (PSDB) aseguró que su formación tiene una fecha límite, la del juicio, y si este se retrasa podrían precipitar su salida de la base oficialista.

Según la Constitución, si Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección indirecta para escoger a la persona que completará el período iniciado en 2015 por Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado por el Congreso.

En los bastidores de Brasilia ya se barajan posibles candidatos para suceder a Temer, aunque la falta de unanimidad en torno a un nombre puede favorecer al gobernante en su objetivo de mantenerse en la Presidencia hasta el 1 de enero de 2019, cuando concluye el mandato. (EFE)