Un documento del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrícola (Cedla) preparado sobre datos del Censo Agropecuario del año 2013, señala que la coca genera algo más de 675 mil empleos precarios por la producción de los departamentos de Cochabamba y La Paz. Indica que “buena parte de los productores de coca son capitalistas plenos, puesto que han dejado de ser productores directos y lo hacen con el concurso exclusivo de fuerza de trabajo asalariada que, en casos, son pequeños capitalistas que contratan fuerza de trabajo asalariada”.
La revelación no es nueva en el país porque se sabe que, desde hace varias décadas, los capitalistas que han incursionado en el Chapare cochabambino o en los Yungas de La Paz, han encontrado los medios para contratar trabajo asalariado barato entre los campesinos y, en su momento -caso de los mineros desplazados por las medidas del 29 de agosto de 1985 con el Decreto Supremo 21.060, a quienes se prometió recontratarlos en otro tipo de trabajo y no se cumplió- que laboran en el cultivo de coca, su cosecha, pisado y procesado.
Quienes actúan como “capitalistas del narcotráfico” saben cómo manejar la masa laboral contratada: les fijan salarios o sueldos que son cancelados en un 50% en dinero y el otro 50% en droga, con la condición de “no decir nada a nadie” y con amenazas a ellos y sus familiares sobre medidas represivas que se aplicaría. Esta modalidad ha sido implantada hace muchos años y revelada por los mismos trabajadores, lógicamente con las reservas necesarias para impedir represalias. Lo grave de esta situación o forma de “pago por servicios prestados”, es que conlleva una situación peligrosa: como el obrero o asalariado o empleado no puede abandonar su área de trabajo, encomienda a su esposa que venda la droga y, como ella no se abastece para realizar la labor encomendada, utiliza a sus hijos para ofrecer o vender la droga; esto, lógicamente, conlleva un peligro: que muchos niños “prueben” el producto y, con el tiempo, se hagan adictos a la droga (el caso de los “polillas” en Cochabamba, es patético).
Para el negocio de las drogas no hay moral ni principios, no existen normas de respeto ni consideración; no hay persona o familia que merezca un trato humano porque lo que interesa a los grandes negociantes de drogas alucinógenas prohibidas es que “el negocio crezca sin importar formas ni condiciones”. Esta es la realidad en que viven tanto muchos productores de hojas de coca como los que procuran su industrialización hasta convertirla en “crack” o cocaína cristalizada.
Los estudios del CEDLA y otras instituciones siempre serán pobres frente a realidades que impone el negocio ilícito de las drogas; y, mientras subsistan condiciones de extrema pobreza en el país y haya carencia de empleo debidamente remunerado, continuará el éxodo de personas que se emplee en cultivos de coca y producción de droga, aunque lo hagan involuntariamente, pero como “el hambre no espera” y hay que atender a la familia…
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