Liquidan terrenos y casas embargadas a precio de “gallina muerta”

Compran terrenos o casas con problemas jurídicos, familiares o quizás deudas en algún banco y finalmente por remate adquieren a precios de “gallina muerta”, es otra forma de enriquecerse con las deudas ajenas por parte de abogados, constructores y personas particulares y quienes se dedican a los bienes inmuebles.

Es un pequeño sector que se dedica a este tipo de compras, sin embargo, en los últimos años, contrariamente varias personas han perdido su casa o terreno, justamente con el inmueble embargado y que no pudo pagar su deuda al banco.

Entre los abogados es muy común y “legal”, son los que compran inmuebles con problemas jurídicos, luego familiares y finalmente cuando son varios propietarios y no lograron pagar alguna deuda al banco (préstamos mancomunados) son bienes de grupos y esto es aprovechado por algunos abogados.

En realidad, es una forma de “engañar”, porque se aprovechan de la urgencia de salir de la deuda y la misma necesidad de no perder un bien, pero que al final eso ocurre, mientras el sacrificio de haber pagado una parte de la deuda al Banco o Mutual, en muchos casos en un buen porcentaje no es compensado de igual manera pierdes el dinero y el terreno o casa; en esto las financieras son inflexibles.

“Es un pequeño sector que se dedica a este tipo de negocios (expertos), por lo general son abogados y constructores u otros que están al asecho de los remates en las financieras.

Hay grupos que se dedica a comprar deudas de los copropietarios que saben que está embargado el inmueble y por no perder su inversión recibe un dinero y con poder el abogado se hace del bien y sigue hasta el remate, logrando bajar el costo del terrenos o casas a precios mínimos”, afirma uno de los propietarios que prefiere mantenerse en el anonimato.

El criterio de esta publicación no es justificar a los deudores, sino revelar que hay abogados que se aprovechan de esa situación, cuando los deudores ya están con el agua en la boca.

Estos remates que realizan las financieras, no tienen ninguna proporción con la deuda que uno podría tener, pues si tu préstamo fue 100.000 dólares y de ellos lograste pagar casi el 60% por el 40% igual lo rematan el bien embargado, cuando en realidad debería rematarse al precio comercial del inmueble y cobrarse el banco lo que le corresponde y devolver lo que resta del dinero, por lo general no es así. Algo sucede entre medio del proceso, las financieras son despiadadas, comentó doña Mariané M, Chacu, propietaria que perdió un inmueble.

ABOGADOS COMPRAN DEUDAS EMBARGADAS

Los bienes inmuebles de la ciudad, sean privados o públicos están en constante riesgo como bien se sabe por loteadores, abogados, que pretenden legalizar lo ilegal, sin embargo algo peor está ocurriendo en la actualidad, existen abogados que compran deudas de terrenos embargados en los bancos o mutuales y con un poder esperan con paciencia a ganar el juicio ante los juzgados como si fuesen propietarios y pagar una miseria por el terreno o casa en remate para luego venderlo en el precio real y comercial y sacar jugosas ganancias con la desgracia ajena.

Luego de hacer esto, comienza el segundo proceso legal antes la ASFI, donde los abogados averiguan o se contactan para que castiguen los interés por los años que tiene la deuda y hacer que certifiquen, la intención, bajar el monto de la deuda y simplemente cancelar la deuda sin costas y menos intereses legal o no legal, este es el procedimiento. Las gestiones las hacen por terceras personas, pariente cercano en un grado de confianza controlada y por detrás está “legalmente” el abogado aprovechador que arma el papeleo con un poder.

Se apropia de bienes inmuebles en “combinola” de muchas personas e incluso los mismos secretarios de juzgados.

Estos abogados eliminan el precio comercial, cuando la norma dice (II. El remate se realizará tomando en cuenta el valor comercial del bien inmueble como base para la subasta. Artículo 82 de la Ley de Servicios Financieros en actual vigencia) de algún bien que alguna o varias personas no pudieron pagar algún préstamo, pero en proporciones de precio, totalmente desfavorables para el deudor, que efectivamente queda libre si se remata. Pero el banco o mutual intenta rematarlo en el precio de la deuda, pero el precio del inmueble en muchos casos supera hasta diez veces más, pero que llegado el momento no se toma en cuenta el valor comercial real del inmueble.

Algunos abogados sacan ventaja de esta situación, están atentos y mediante contactos en los bancos y mutuales, comienzan el proceso legal y de escritorio para provecharse de esa situación “mi casa en alto Irpavi costaba 150.000 dólares y del banco me presté 50.000 dólares, pague en cuotas, durante más de siete años y luego ya no pude. Quedaba una deuda de 20.000 dólares y por esto comenzaron a juzgarme y lo remataron mi bien y virtualmente todos mis ahorros y quede en la calle”, cuenta doña Juana L. Marín.

Agregó “con mi abogado reconocimos la deuda y que al final estaba bien que los rematen y se venda a un precio ponderado o real, pero no quisieron, porque los de la financiera ya tienen a sus clientes para estos casos, son abogados o constructoras que están pendientes para comprar en combinación con bancos y mutuales”.

Afirmó que debería haber una ley para estos casos, porque al final la deuda se convierte en una mala inversión. “Está bien que rematen el inmueble y se cobren la deuda los del banco o mutuales, pero el resto del dinero deberían devolver al propietario o propietarios si es un bien colectivo, pero no hacen. En este caso, debía menos del 50% de la deuda de los 50 mil dólares y deberían caerle simplemente a ese monto, pero le caen como si debieras los 50.000 dólares, porque le cargan a la deuda hasta de lo que respiras en los bancos o financieras. Digo que debería rematarse en el precio real y cobrarse la deuda y el resto devolverlo al propietario. Ellos tratan de que lo pierdas todo, pero absolutamente todo y es ahí donde los abogados aprovechistas le caen”.

Esta “combinola” involucra a muchas personas y estos abogados pagan favores para quedarse con terrenos o casas que tienen precios bajísimos o quizás “regalados”.

PROYECTO HABITACIONAL VERÓNICA

A los casos ya mencionados, otro, está punto de ser rematado con una serie de irregularidades es el “Proyecto Habitacional Verónica” denominado de esta manera, a un proyecto de viviendas sociales que inicio hace 20 años, junto la Confederación de Trabajadores del Sistema de Seguridad Social y Ramas Anexas de Bolivia, que esa vez estuvo a la cabeza el dirigente David Olivares López, quien funge como copropietario y denuncian que nunca puso un boliviano para adquirir ese derecho propietario e intentó aprovecharse como dirigente. Junto a la Confederación están otros sectores que se agruparon para adquirir los terrenos del ex Castillo, ubicado al frente del estado Mayor de Miraflores, con una superficie de 4.127 metro cuadrados que lograron comprar en noviembre de 1997. Los propietarios ascienden aproximadamente a 180 personas, según la denuncia del copropietario L. Lujan, que con documentos en mano mostró el caso.

PROYECTO HABITACIONAL “VERONICA”

La Mutual para ese entonces presta 401 mil dólares a los propietarios al Proyecto Habitacional “Verónica”, de los cuales logran amortiguar los copropietarios un total de más de 200 mil dólares y restaba aproximadamente de 250 mil dólares y con las costas actuales llegó a más de 700.000 dólares hasta hace poco (cifras aproximadas). Sea el primer o segundo monto el precio del terreno cubre sin problemas la deuda, ya que el precio del terreno comercialmente el metro cuadrado por lo más bajo es de 50 dólares el m2, lo que implica que el terreno cuesta por lo menos 2 millones de dólares.

Pero este precio, no cifra en el juicio de la Mutual La Paz, y los copropietarios de luego de 20 años, perderán todo su derecho y que efectivamente se debe ese dinero, pero los ejecutivos de la Mutual, en su momento pusieron una serie de trabas para no proceder a solucionar el tema.

Luego de años, el caso se encuentra en el Juzgado Sexto en lo Comercial, para un supuesto segundo remate a un precio aproximado de 580 mil dólares aproximadamente, y es aquí donde al parecer el abogado Juan Quino, que hace figurar a su esposa con un poder de haber comprado la deuda de 30 copropietarios de los 180 (entregó a cada propietario a un promedio de 1.500 dólares. No gastó más de 50 mil dólares) trata de aprovecharse y adjudicarse, pretendiendo bajar el precio a 210.000 dólares, pero al parecer los interventores no aceptan el asunto y actualmente se encuentra en estatu quo. Y pese a no adjudicarle el terreno Quino, se tomó la libertad de cercar el terreno e incluso ya se considera propietario, debido a que tiene un informe de la ASFI para que no se cobren las intereses y las costas de la deuda a la Mutual, según los documentos.

La versión esta corroborada por un otro sector de copropietarios, que denunciaron que el juicio tuvo y tiene varias irregularidades, debido a que la CITACIONES DEL JUICIO A LOS COPROPIETARIOS SE HIZO EN UN PERIÓDICO DE COCHABAMBA (ILEGAL) y con mala intención, cuando el terreno está en Miraflores-La Paz.

Se hace el juicio por el total del precio del terreno cuando a la Mutual se le debía simplemente la cuarta parte del precio inicial de compra del terreno.

No se hizo juicio a los 180 copropietarios, ya que el préstamo de la Mutual era mancomunado, de la cifra de personas cerca de 100 pagaron los montos exigidos (igual pierden su dinero), no deben un centavo del terreno, pero el resto no individualizó el préstamo e hicieron ingresar en deuda, esta fue la razón del incumplimiento de pago del préstamo. Efectivamente la LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS, 393, resguarda a los prestatarios, pero es injusta debido a las que las financieras deberían rematar en el precio comercial, cobrar lo suyo y el resto devolver a los prestatarios, ya que de una parte cumplió con los pagos de la deuda. Y la mora debería cobrarse a los deudores que no individualizaron el préstamo, y que fue una responsabilidad de la Mutual La Paz. En resumen los que pagaron y no deben nada también son deudores y deberían devolverle la superficie que el corresponde del terreno. Caso contrario si la financiera se adjudica debería tomarse en cuenta el precio comercial y de igual manera devolver la diferencia del costo del terreno. (PRIMERA PARTE).