Urge cambiar la política minera

En 1952 con la nacionalización de las minas de Patiño, Hochschild y Aramayo, el Estado intervino por primera vez en la minería a través de Comibol, para lograr la “independencia económica de Bolivia”, porque las enormes utilidades de los tres “barones del estaño”, teóricamente serían para el Estado.

Lamentablemente el manejo político de Comibol con el desmesurado incremento de personal y la exagerada injerencia sindical, entre muchos otros factores negativos, junto a la caída de la ley de cabeza, que significaron menores producción, recuperación y ley de concentrados, provocaron ingentes pérdidas, cuya estocada final la dio el derrumbe del precio del estaño en octubre de 1985, que provocó el cierre gradual de la mayoría de las minas de Comibol y de muchas minas privadas. Todas las minas cerradas de Comibol fueron dadas en diferentes tipos de contratos a cooperativas y empresas privadas.

La anterior Ley de Minería No 1.777 (17/03/97) limitó las atribuciones de Comibol a administrar sus contratos, con lo que pese a los bajos precios tuvo utilidades. Por la quiebra internacional de la empresa Allied Deals, en julio de 2002 se promulgó una ley que permitió a Comibol volver a operar Huanuni. En octubre de 2006 se incrementó irracionalmente el número de trabajadores de 1.000 a 5.000 y hubo un incremento desmesurado de salarios, que solo los precios muy altos permitieron a Huanuni generar utilidades. Cuando bajaron los precios hubo pérdidas. Se construyó un nuevo ingenio para procesar diariamente 3.000 toneladas, que por la ubicación de las reservas y la configuración del yacimiento nunca serán alcanzadas.

El actual gobierno, tratando de volver a darle un rol minero preponderante a Comibol, promulgó la Ley No 3.720 (31/07/07) que le devuelve su atribución operativa. En noviembre de 2008 volvió a operar la fundición de bismuto de Telamayu con bajísima producción y fuertes pérdidas. En octubre de 2009 empezó a operar la planta hidrometalúrgica de cobre de Corocoro, con menor producción a la proyectada y con resultados económicos inciertos. En junio de 2012 mediante decreto Comibol volvió a operar Colquiri en lugar de Comsur. En el aspecto salarial se manejó con mucha más prudencia que Huanuni, por lo que los resultados económicos son satisfactorios. En agosto de 2012 se revirtió las concesiones del proyecto Mallku Khota, de bajísima ley de plata. Comibol debe continuarlo, pero hasta la fecha no hay ningún resultado y si lo hay, seguramente será anti económica su explotación.

En enero de 2013 se inauguró la fundición de plomo-plata de Karachipampa que en 53 meses transcurridos operó menos de 8 y a baja capacidad. Continúa parada y sus pérdidas son enormes. En ninguno de los proyectos hubo un estudio de factibilidad. Huanuni y Colquiri con el sistema de contratos habrían obtenido más utilidades. Comibol no llega al 8% de las exportaciones mineras. Doble fracaso de la minería estatal.

A pesar que nuestra minería marcha bien por la reactivación de precios y por el gran desempeño de las empresas transnacionales, preocupa profundamente que no exista un solo proyecto en ciernes por la falta de adecuada exploración, lo que pone en duda su sostenibilidad. La única alternativa es la inversión extranjera que va solo a países con seguridad jurídica y competitividad y estabilidad tributarias entre otros factores. Todas nuestras nuevas minas se debieron a la inversión privada. Resulta sintomático que no se firmó ningún contrato con empresas extranjeras luego de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (07/02/09), que en su Art. 349. I. indica que “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”. El numeral II indica que el Estado otorgará derechos de uso y aprovechamiento de recursos mineros. El Art.320. II dice que “Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas…”.

No resulta extraño entonces que en Sudamérica la mayor parte de la inversión extranjera minera se dirija a nuestros vecinos Chile, Perú y Argentina que entre otras ventajas tienen el sistema de concesionamiento (como lo teníamos antes), en que la concesión es considerada como bien inmueble transferible, transmisible, hipotecable, etc. y que para efectos de arbitraje admiten al CIADI, que es una institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales (del que nos marginamos en 2007).

Por la inexistencia de inversión extranjera, indispensable para desarrollar nuevos proyectos mineros, resulta claro que urgen cambios profundos en nuestras regulaciones mineras, tales como:

1. Volver al sistema de concesionamiento.

2. Reincorporarse al CIADI, porque el Estado no puede ser juez y parte.

3. Cumplir el Art. 99 I. de la Ley No 535 (28/05/14), que indica que el Estado garantiza la seguridad jurídica de las inversiones mineras y que los titulares mineros gozan del derecho de exigir de las autoridades plena y efectiva protección, frente a actos que impidan el ejercicio efectivo de sus derechos mineros.

4. Para nuevas inversiones establecer un sistema tributario competitivo con el de otros países de la región y que sea estable durante cierto tiempo.

5. Para estimular la vital exploración, el inversionista debería poder deducir el doble de los gastos de exploración del IUE.

6. Comibol solo debería administrar sus contratos.