Según el documento del Cipca, el plan no sólo debe mejorar la capacidad de control y fiscalización de madera ilegal de parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y las Unidades Forestales Municipales (UFM) también debe contemplar la adopción de una política de compra correcta por parte de las instituciones públicas, para garantizar que el propio Estado no promueva la tala de almendros mediante la compra de recursos maderable.
De forma adicional a estas políticas directas, se debe implementar políticas públicas que fomenten acciones de protección a las poblaciones de castaña y al bosque en general, tomando en cuenta las principales presiones al respecto: la deforestación y los incendios forestales.
En este sentido, resulta fundamental adoptar una visión de gestión territorial que incorpore acciones de coordinación estrecha con programas de fomento a la producción para evitar la conversión de suelos, programas de reforestación y restitución de bosques y programas de control de incendios, asegurando un manejo sostenible de los paisajes amazónicos dentro de los planes de gestión integral de bosques y planes territoriales.
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