Concejo aprueba aclaraciones a Ley de Fiscalización Territorial

El Concejo Municipal de La Paz, al cabo de una accidentada sesión, aprobó la mañana de ayer complementaciones a la Ley Municipal 233/2017, de Fiscalización Territorial, explicitando que esta norma no es retroactiva, que no afectará a construcciones de interés social y que su reglamentación será efectuada de manera participativa con organizaciones vecinales.

Ante las observaciones a la normativa municipal, por la falta de precisión de los alcances y en la aplicación de las sanciones, que dieron lugar a reiteradas medidas de protesta, el Legislativo edil resolvió realizar tres ajustes que permitirán disipar las dudas manifestadas en movilizaciones que, eventualmente, paralizaron la ciudad.

La primera precisión establece la realización de dos reglamentaciones diferenciadas, el primero para inmuebles de interés social y el segundo aplicable a construcciones vinculadas con loteadores, y edificios con fines de lucro.

La segunda dispone que ambos reglamentos deberán realizarse “de manera participativa con las organizaciones vecinales y entidades involucradas en la temática”, en 180 días hábiles, 90 días para cada reglamentación, por lo que se espera que ambas estén listas hasta noviembre próximo.

La tercera aclaración explicita de manera enfática que la ley no tiene carácter retroactivo, tal como prevé la Constitución Política del Estado (CPE), salvo las excepciones establecidas por norma (ámbitos penal y laboral).

“Vamos a trabajar con los 21 distritos urbanos y rurales. Elaboraremos de manera conjunta estos reglamentos, hay personas de mala fe que construyen a sabiendas de que están infringiendo la normativa municipal”, afirmó el concejal Fabián Siñani.

INTERESES POLÍTICOS

En este contexto, el secretario concejal Fabián Siñani puntualizó que la información difundida para movilizar a la ciudadanía responde a intereses de operadores políticos del Gobierno, con el fin de desprestigiar la administración del alcalde Luis Revilla.

“Se ha dicho que se van a triplicar los impuestos, lo que es falso, que a las personas que no tengan planos aprobados se les va a demoler sus viviendas, que se van a demoler casas enteras, barrios enteros, lo que también es falso. Con esta alarma hay gente que se asusta y piensa que vamos actuar de esa forma arbitraria y no es cierto”, aclaró Siñani.

Durante la sesión de Concejo de ayer, el ciudadano Raúl Salazar Valdivieso, quien afirma ser dirigente de una organización denominada Asociación de Propietarios Mineros de La Paz, irrumpió la sesión edil expresando su rechazo a la integridad de la ley, argumentado la vulneración de sus derechos.

Ante la abrupta participación del ciudadano identificado como Raúl Salazar y sus increpaciones contra los legisladores paceños, la Guardia Municipal optó por pedir que abandone la sala de sesiones y exponer sus observaciones por la vía que la Ley franquea.

Al respecto, la presidenta de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve), Edith Montenegro, señaló que se trata de una persona vinculada al loteamiento de predios municipales, por lo que su actuación responde a intereses de grupos que usurpan tierras de propiedad edil, para luego lucrar ilegalmente.

OPOSICIÓN

Por su parte, la concejal presidente de la Comisión de Gestión Institucional y Administrativa, Cecilia Chacón, cuestionó la actuación de la bancada de oposición, señalando que las observaciones a 20 artículos públicamente señalados por el concejal Jorge Silva deberían ser formuladas ante el pleno del concejo, mediante un Informe de Discrepancia, tal como establece el Reglamento de Debates.

“Su deber como concejal y su principio moral de velar por lo correcto debería motivarlo más bien a interpelar en su momento y no abstenerse e inhibirse, por temor a que no se tome en cuenta la discrepancia”, refutó Chacón.