Malos negocios

Dos gigantes proyectos, gigantes por lo que costaron, están a punto de revelarse como un fracaso: la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo, un proyecto que cuesta US$ 1.250 millones y la planta separadora de Yacuiba, que costó US$ 800 millones.

PETRÓLEO ORO ESTAÑO El precio del petróleo se mantiene bajo a pesar de dos informes sobre reducciones en las reservas almacenadas en Estados Unidos. Estos anuncios normalmente habrían elevado el precio pero el mercado está apostando al fracaso del acuerdo entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia que buscan reducir el precio. Libia, Irán e Irak están entre los que sí pueden aumentar su producción lo que garantiza que la sobreoferta continúe. El oro se mantiene relativamente estable gracias a las cifras positivas que llegan de EEUU y su sector laboral. El empleo está aumentando y el dólar se fortalece lo que resulta en optimismo sobre el desempeño de la economía mundial. Esto reduce el precio del oro pero pone en evidencia la dificultad que enfrenta Bolivia que tiene su moneda prácticamente clavada a un dólar que se hace cada vez más caro y encarece nuestros productos de exportación. La fundición de estaño de Malasia, MSC aumentó sus utilidades en 1.400% en 2016, demostrando que el estaño sigue siendo un buen negocio si se invierte en eficiencia y se tiene una buena estrategia de venta. El espectacular aumento en las utilidades se logró a pesar de una caída de 11,3% en el volumen exportado. El aumento en el precio entre 2015 y 2016 solo explica 11% del aumento, el resto es pura eficiencia en la administración.

Y, en esta sala de espera de los fracasos, la proyectada planta de polipropileno que, sola, costará US$ 2.200 millones y será instalada en Yacuiba también.

La planta de Bulo Bulo debería comenzar a operar en este mes de junio, pero hay dudas sobre eso porque el país se está quedando sin gas para cumplir con las exportaciones y con el mercado interno. El Gobierno habría decidido poner a la planta en el congelador mientras siga esta escasez de gas.

Debe consumir 1,5 millones m3/d. El experto Raúl Escalera recuerda que todo el proyecto fue elaborado en 2009 por la venezolana Pequiven y dice también que el precio de costo FOB de la producción de la Planta estaba calculado en US$ 300/T.

Ahora, el experto Hugo del Granado dice que el costo de producción de una tonelada de urea sería de US$ 210 sin contar con el transporte, que tendrá un costo muy alto para llegar a las fronteras. Alberto Bonadona calculó ese costo en US$ 400 por tonelada. (Todavía no está construido el ferrocarril para sacar las 2.100 toneladas de urea que producirá por día, aunque ya fueron comprados los vagones).

El problema es que la urea tiene un precio internacional de US$ 204/T. Del Granado calcula que la planta recuperaría la inversión en cien años.

La planta separadora de Yacuiba deberá dejar de operar en este invierno porque el gas que va a Argentina debe ser “gas rico”, es decir con los líquidos que le dan el valor calórico establecido en el contrato.

Esto quiere decir que dejaría de producir GLP y gasolina. Además de propano, con lo que el problema alcanza al otro proyecto, al más caro proyecto de la historia de Bolivia: la planta de polipropileno que necesita el propano para poder operar.

Es probable que estos proyectos hayan sido aprobados por el Gobierno con mucho entusiasmo por sus efectos políticos, o por las comisiones, pero ciertamente no fueron bien meditados. Sobre todo no se pensó que esas plantas necesitan gas natural para operar; no previeron una provisión segura de gas pero aprobaron con alegría las millonarias inversiones.

Donde faltaron las inversiones es el sector de exploración que podía resultar en mayores reservas para reponer lo que se ha explotado de forma irresponsable durante los últimos 11 años.

Las condiciones adversas para la inversión en exploración se ha replicado en otros sectores pero el sector del gas es donde se hace más evidente la falta de previsión con inversión en consumo pero no en reservas.

El Gobierno critica al sector privado porque sus inversiones son inferiores en 30% a las que hace el sector público en las empresas estatales llamadas estratégicas.	Las empresas estatales dejaron sin ejecutar más de 30% de sus presupuestos de inversión en los años 2015 y 2016, lo que dejó dudas sobre el verdadero crecimiento del PIB.