Como sucede con la aprobación de una serie de leyes, el oficialismo termina sancionando “sin variar ni un milímetro” –como dijo textualmente la presidenta de la comisión de diputados a cargo del proyecto- los términos de las consignas partidistas para convertirlas en leyes del Estado. Esto es lo que viene sucediendo con respecto a la reforma penal del aborto, desoyendo no solo los puntos de vista de la escasa oposición parlamentaria, sino dando la espalda al clamor de un gran consenso de la ciudadanía que opta por la no despenalización del aborto. Tampoco se ha considerado las manifestaciones en defensa de la vida realizadas en todas las capitales de departamento, ni las 150.000 cartas del mismo carácter entregadas a las altas esferas del Gobierno.
De este modo, signadas por el capricho oficialista, se hacen inminentes los actuales añadidos al Código del Sistema Penal (nueva denominación) que, en resumidas cuentas, no son otra cosa que la despenalización del aborto, sin que le interese ir en contra de una Sentencia del Tribunal Constitucional en sentido de que conforme a la Carta Magna no es viable disponer su absoluta impunidad. Claro que esta no es la única ni será la última violación a la Constitución.
Según el proyecto, se permite el aborto cuando la embarazada se encuentre en situación de calle o pobreza; tenga dificultades en su propia manutención o la de su familia; sea madre de tres o más hijos o tenga a su cargo a otros familiares; sea estudiante. Estas causales abortivas eliminan la vida del ser en gestación por condiciones personales, siendo una flagrante irresponsabilidad de quienes engendran. La condición de estudiante de la gestante, abre las puertas al libertinaje sexual desde la adolescencia y no considera que Bolivia encabeza los registros de América sobre embarazos en esa edad, con todas las consecuencias negativas propias y familiares que traen consigo. A este respecto la ley viene a aplaudir el desentendimiento y la falta de orientación de los padres hacia los hijos, que es uno de los padecimientos de la sociedad.
Asimismo, la reforma contempla el peligro de la vida o salud de la gestante, malformaciones fetales incompatibles con la vida, no consentida gestación, violación o incesto y si se trata de niña o adolescente. Con alguna excepción estas causales ya están legisladas en el Código Penal actual. La ampulosidad de las nuevas causales se ve ampliamente favorecida porque la procedencia del aborto depende de la voluntad de la mujer, pues nadie puede investigar la veracidad de los pretextos. Además el legrado debe ser practicado de inmediato.
Por caminos erráticos la posición oficial pretende un control de la natalidad y se aparta de su obligación de ejercer adecuadas políticas de prevención, cayendo en la preservación de uno solo de los seres, pero atentando contra el más indefenso. A todas luces esta no es la “filosofía de la vida” que proclama el partido oficial. Lo claro es su afán de lograr el apoyo de cuantos sectores pueda y a cualquier precio.
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