ABC y contratos con empresas extranjeras

El caso del abandono de obras que tenía a su cargo la empresa española Corsán Corvian, dependiente del Grupo Isolux de España, que debía cumplir con dos obras importantes como la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica de Miguillas, deja nuevas pruebas sobre lo inconveniente que es adjudicar obras a empresas extranjeras y sin las licitaciones que establecen las leyes. Es decir que han sido firmados contratos sin seguridad alguna de que se cumpla con las obras y tan solo con la aparente firma de boletas de garantía por algo más de 33 millones de dólares, suma que, en todo caso, sería menor al 50% de los montos adelantados, que sobrepasarían los 70 millones de dólares.

La responsabilidad recae sobre la Administración Boliviana de Carreteras que habría firmado los contratos. El caso es muy grave y muestra lo perjudicial y atentatorio que es no haber actuado conforme a las previsiones de leyes concretas. Al respecto, hay experiencias claras en el país y así se ha demostrado con el caso de empresas chinas que tampoco han cumplido compromisos claros para la realización de obras. La empresa española firmó contratos con empresas nacionales que avanzaron algo de las obras y que reclaman los respectivos pagos que ascienden a muchos millones de dólares.

Todo el caso muestra irregularidades que la ABC tendría que aclarar para establecer realidades que hasta hoy están en una especie de nebulosa que nadie entiende porque, en declaraciones a la prensa, se afirma que al margen de 70 millones de dólares se habría adelantado otras sumas. Es mucho y nada concreto lo que se dice sobre este caso que muestra signos de corrupción, inclusive para comprometer seriamente a personeros de ABC y posiblemente a otras autoridades.

La idea equivocada de que “mejor es lo extranjero” parece que ha dado lugar a la contratación de la empresa española, cuando lo leal y lógico es que el gobierno y las empresas públicas recurran a las empresas nacionales que, en su mayoría, están conformadas por profesionales capaces, honestos y responsables que, en su caso, responderían debidamente ante cualquier reclamo o actuarían de acuerdo con las autoridades para la prolongación de tiempos de entrega, costos, etc. Lo nacional, mientras esté debidamente autorizado, no solamente por los aspectos legales sino por las experiencias demostradas y la capacidad profesional que tenga, es preferible al recurso de “invitar” a empresas foráneas cuya credibilidad y confiabilidad hay que poner en la balanza de las dudas, mientras no se otorgue las debidas garantías al país que, en todo caso, debe licitar obras que se considera importantes y que no deben ser tomadas en cuenta como “posibles experimentos” que muy luego signifiquen nada más que engaños al gobierno por no haberse cumplido con las previsiones de ley.