La medicina es, con seguridad, la profesión más acorde con la vida; su práctica profesional por parte de hombres y mujeres, sin distinción alguna, es misión y apostolado. Por ello mismo, estos profesionales al proponerse cuidar y preservar la vida de las personas, al jurar con el compromiso hipocrático, han asumido el deber de no disminuir o suprimir la misión que se han impuesto. Pero es justo también reconocer que los médicos, como seres humanos, tienen derechos porque tienen deberes y responsabilidades, tienen hogar con esposa e hijos que son dependientes de ellos y que se ven afectados cuando algo no está bien para quien, como hombre y profesional médico, enfrenta el diario vivir.
Que los médicos reclaman trato más acorde con la misión que cumplen, es justo; que no deben ni pueden atentar contra la salud de la comunidad, también es evidente, porque no se puede conseguir un bien cualquiera a cambio de sacrificar algo como es la seguridad, tranquilidad y, en casos, hasta la vida de las personas.
Los paros médicos, por justificados que sean, no condicen con el principio de cuidar la salud y vida; en otras palabras, no está en consonancia con principios fundamentales de moral, respeto y consideración con los derechos de los demás. Suspender atención profesional a enfermos, mujeres, niños y ancianos que requieren dedicación permanente es, prácticamente, como buscar que se paralicen la salud y la vida. Pero es justo reconocer que el gobierno, cualquiera sea éste, no puede ni debe permitir que se produzcan huelgas y paros médicos y personal que los complementa negando derechos que en justicia se reclama. La autoridad es, debe ser también misión anexa a la del médico y, por ello, no puede permitirse errores y desfases en el ejercicio de su función. Muchas veces, las disposiciones oficiales dan lugar a que el yerro se institucionalice y de una norma a cumplirse se convierta en error que no solamente daña al profesional sino que tiene su derivación en daños a la salud y a la seguridad del ser humano.
La huelga de los médicos -medida que muchas veces se cumple en el país hasta por razones baladíes y muchas veces justas y pertinentes- debe encontrar otros caminos mediante el diálogo con las autoridades que corresponda. Pero si éstas creen que, por tener poder, pueden imponer lo que gusten y hasta caprichos o dictados político-partidistas, es justo que se las condene y culpe la ciudadanía de las consecuencias de una huelga que debió evitarse. Autoridad que dialoga debe hacerlo tomando en cuenta planteamientos y razones de quienes llegan al extremo del paro; la autoridad no debe imponer su criterio y en todo caso debe encontrar remedios o soluciones tomando en cuenta los puntos de vista e intereses de la otra parte. De otro modo, es mal entendido el concepto de autoridad, que se convierte en autoritarismo demagógico y arbitrario.
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