La Asamblea Legislativa remitirá al Ministerio Público el dictamen que estableció contra el exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional Gualberto Cusi, tal como lo establece la Ley 044 de juzgamiento a altas autoridades del Estado: Esta instancia determinará si es que continúa con el proceso penal en contra de la exautoridad.
“La norma nos obliga a remitir los antecedentes del caso ante el Ministerio Público, nosotros no vamos a presentar ninguna querella ninguna denuncia, esta instancia es quien deberá determinar y decidir si continua o no con el proceso de investigación”, explicó.
Según el artículo 45, parágrafo I de Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público del 8 de octubre de 2010, establece que en caso de una sentencia condenatoria, la prueba aportada sea suficiente para generar la convicción sobre la responsabilidad penal del acusado.
EXMAGISTRADAS
Lo mismo ocurrió cuando la exmagistrada Sorayda Chánez fue hallada culpable en el juicio de responsabilidades, los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que este determine si es necesario una acción penal, sin embargo, quedó en estatu quo.
El 4 de noviembre de 2014 se instaló el juicio de responsabilidades. Ligia Velásquez renunció en enero de 2015 y evitó el juicio, mientras que el mismo mes, en juicio, Sorayda Chánez fue destituida tras haber sido hallada culpable.
Gonzales aclaró que el juicio de responsabilidades estuvo enmarcado en la Constitución Política del Estado (CPE) y que se avaló los derechos fundamentales del exmagistrado y se le dio la plena garantía de defenderse.
APELACIÓN Y DEMANDA
Por su parte el abogado Víctor Hugo Chávez, defensa del exmagistrado, indicó que presentarán una apelación a la determinación del tribunal de sentencia, después de que se dé lectura a la sentencia integra.
A la vez que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se denunciará la vulneración de los derechos de su cliente.
INFORME
Finalmente, Gonzales señaló que los asambleístas que no estuvieron de acuerdo con la decisión del Tribunal deberán presentar un informe escrito donde justifiquen esta acción.
“Conforme a la norma, quien vota a favor de la absolución tiene que justificar porque lo han hecho, deben presentar una justificación por escrito, tienen hasta el jueves, tengo conocimiento que los opositores ya lo presentaron”, ultimó el senador.
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