De nuevo el Juicio del Siglo

Dos sucesos en pocos días han vuelto a colocar al Juicio del Siglo en primera plana y otra vez crece la sensación de que el caso está de nuevo en una etapa decisiva, una de las más críticas desde el episodio brutal que le dio origen hace más de ocho años. Durante el tiempo transcurrido desde entonces, la tesis oficial de que en Bolivia hubo una conjura para desmembrar el país ha perdido la credibilidad que las autoridades quisieron conferirle. Muy pocos se atreven a endosar la tesis y es creciente la fila de los que creen que fue fraguada con fines siniestros. Las imágenes de la forma violenta en que ocurrió el desenlace del 16 de abril de 2009 aún persiguen a los protagonistas y lo ocurrido en las últimas dos semanas parece una notificación de que habrá nuevos episodios antes de llegar final.

La separación del médico neumólogo Juan Carlos Santisteban del proceso en curso en Santa Cruz desde hace cuatro años dio la sensación de que el juicio se encaminaba hacia una situación extraña. Podría llegar un momento en que las audiencias queden sin protagonistas y los jueces y fiscales se encuentren en salones vacíos, sin nadie de relevancia penal para juzgar. Ya son tres los apartados y hay otros en lista de espera con certificaciones de dolencias que, en la visión de sus defensores, los califican para ser excluidos del proceso hasta su completo restablecimiento.

El primero en ser separado fue el general (r) Gary Prado Salmón, en los últimos meses del año pasado. Los fiscales y jueces que se empeñaron en organizar sesiones via Skype e hicieron que el militar que venció a Che Guevara hable para el tribunal a través de una pantalla televisiva instalada en su aposento matrimonial, no lograron impedir la separación que ocurriría semanas después. Al poco tiempo vino la separación de Ronald Castedo, el ex ejecutivo de COTAS, con múltiples puentes de safena para ayudar a su corazón que bombeaba a solo un cuarto de su fuerza normal, y a quien el ex fiscal Marcelo Soza, ahora refugiado en Brasil tras denunciar que la acusación había sido fraguada, atribuía un papel fundamental en la trama.

El mes pasado registró la tercera baja: el neumólogo Santisteban estaba en terapia intensiva en una clínica y sin condiciones de asistir a las audiencias. Estaba en preparación para una tercera cirugía desde su hospitalización solo unos días antes, cuando el tribunal, ante una multitud de certificaciones, optó por apartarlo, pues una reanudación de sesiones no aparecía en el horizonte inmediato mientras el galeno continuase en situación crítica. Los médicos del Instituto Forense, dependiente del Ministerio Público, sugerían un reposo mezquino de cinco días para el paciente, en tanto que los médicos que lo atienden en Santa Cruz recomendaban entre sesenta y noventa días.

La semana que acaba de concluir registró un terremoto cuando uno de los testigos del ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista, Alcides Mendoza Masavi, declaró que el caso fue “montado” para acallar a la oposición al gobierno en Santa Cruz. El abogado Denver Pedraza López, próximo al gobierno cuando estalló el caso (había estado a cargo de la dirección de vehículos incautados del servicio de aduanas) dijo que la historia sobre la supuesta conjura separatista y terrorista buscaba “corretear a algunas autoridades” de Santa Cruz y silenciar a la región.

Pedraza López habló toda la mañana del pasado miércoles. La historia que contó trajo de vuelta nombres vinculados a la cúpula del gobierno y mencionados con frecuencia a lo largo del juicio, pero que ahora cobraron resonancia, pues provenían del abogado que en principio defendió a Mendoza Masavi y a Juan Carlos Guedes, otro ex dirigente cruceñista. Según la acusación, ambos eran poderosos traficantes de armas. El abogado salió del escenario de la defensa y al poco tiempo sufrió un atentado en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde un desconocido le disparó. Para su suerte, la bala que pudo ser mortal fue desviada por un teléfono celular que llevaba en el bolsillo de la camisa.

Atribuyó el supuesto montaje a un hermano del vicepresidente García Linera, que le habría dado 25.000 bolivianos para costear gastos, y a un subsecretario del Ministerio de Gobierno. “He venido (a declarar) para que el pueblo de Bolivia sepa la verdad”, dijo. Entre los puntos altos de su extensa declaración, que aguarda una narración detallada, estuvo la afirmación de que el gobierno hizo colocar en las oficinas de COTAS de la Feria Exposición las armas y explosivos que la policía afirmó que había descubierto poco después del asalto al hotel y que Mendoza y Guedes fueron apresados para hacerlos aparecer como terroristas responsables de los episodios sangrientos cometidos en el hotel. Con la salud quebrantada por dolencias que van desde diabetes y deficiencias cardiovasculares y hepáticas, los dos llevan ocho años presos.

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