Estado deberá indemnizar a Cusi si demanda internacional progresa

La defensa del exmagistrado Gualberto Cusi anunció que presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de sus derechos en el juicio de responsabilidades que realizó el Legislativo. En caso de comprobar estas vulneraciones, el Estado deberá resarcir por los daños que ocasionó contra la dignidad de la exautoridad.

La intención fue respaldada por la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame.

“Debe presentar esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque se han vulnerado sus derechos y aplicar una sanción por hechos que no son evidentes es un juicio político. Las sanciones son diversas, el Estado deberá pagar una indemnización, tomando en cuenta el gravísimo daño que se le hizo por divulgar la enfermedad que padece”, explicó la jurista en contacto con EL DIARIO.

A la vez, Víctor Hugo Chávez, quien es parte del equipo de defensa del exmagistrado, indicó que para acudir a esta instancia internacional se deben agotar todas las medidas legales en el país. En ese marco, presentarán primero la apelación y posteriormente solicitarán la revisión extraordinaria del proceso que será realizada por el Legislativo.

“Para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debemos agotar todas la vías legales, primero la apelación y luego de eso se debe solicitar la revisión extraordinaria del proceso, agotando estos mecanismos es que vamos a poder acudir a instancias internacionales pidiendo la reparación del debido proceso de justicia y de otras vulneraciones del que fue víctima el magistrado Gualberto Cusi”, explicó.

RESARCIMIENTO

En caso de que la Corte falle a favor de la víctima, el Estado será sancionado con la reparación de los daños, el cual puede ser una multa económica y el inicio de una “acción de repetición” contra los asambleístas que participaron de esa sentencia.

En los parágrafos I Y II, del artículo 113 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que ante la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.

En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño, en este caso, los legisladores del MAS.

CONFLICTO

El Gobierno entabló un juicio de responsabilidades contra el Gualberto Cusi, Sorayda Chánez y Ligia Velásquez, exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes admitieron un autoconstitucional para la suspensión de la ley del notariado en el 2014.

Ante esto, Salame indicó que inicialmente planteó iniciar estas medidas cautelares contra esta norma porque vulneraba la Constitución Política del Estado, donde obligaba a que las notarías informen de todo el proceso notarial al Ministerio de Justicia, por lo que también se vulneraba los derechos de la población.

“Esa ley es totalmente vulneratoria a la Constitución Política del Estado y no puede el Órgano Ejecutivo tener en sus manos el control de las notarías, que tienen que ver con el registro de los bienes de las personas. La ley decía que de inmediato el registro de los notarios deben pasar a manos del Ministerio de Justicia, esto iba a provocar una inseguridad jurídica para el ciudadano”, explicó.

Por su parte, Chávez resaltó que, tras el inicio del juicio contra su cliente, se estableció que la paralización de esta norma no afectó a los trámites notariales. Se convocaron a los magistrados del TCP, Rudy Flores y Efrén Choque, quienes se abstuvieron a declarar sobre este proceso.

“Cuando se convocó a los magistrados Rudy Flores y Efrén Choque a que comparezcan en el juicio, dijeron que vamos a guardar silencio, cuando estos debieron declarar y prefirieron guardar un silencio cómplice, no dijeron en qué momento se detectó alguna irregularidad, los miembros de los servicios notariales nos dijeron que no había ninguna afectación. Entonces dónde está el daño causado por el exmagistrado”, resaltó.

ADVERTENCIA

Por último, la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, y el abogado Víctor Hugo Chávez coincidieron, por separado, que esta acción es una advertencia contra las nuevas autoridades del Órgano Judicial, de que si no están de acuerdo con las disposiciones del Gobierno serán sometidos a estos procesos.

“Este es un mensaje claro para los que van a ser electos, les quieren decir: si no se portan bien les va a caer todo el peso de nuestro brazo, es una vergüenza esa sentencia, este fue un juicio político, lamento profundamente lo que sucedió. Esto es una seria llamada de atención a los operadores de derecho”, expresó Salame.