Anuncian acuerdo para resolución de contrato

Lima.- El ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Bruno Giuffra, anunció ayer que el Gobierno ha alcanzado un acuerdo “de mutuo disenso” con el consorcio argentino-peruano Kuntur Wasi para dejar sin efecto el contrato para la construcción del nuevo aeropuerto internacional del Cuzco.

“Hemos estudiado detenidamente el tema durante esta semana y hemos tomado la mejor decisión que consideramos que teníamos para escoger”, declaró Giuffra al canal N de televisión.

CONTRATO

El ministro dijo que el Gobierno considera que se trataba de un “contrato muy mal hecho desde el Gobierno anterior” de Ollanta Humala (2011-2016) y aseguró que, tras la negociación, no se presentará ningún litigio.

“No nos estamos enfrentando en un juicio ni mucho menos, es una salida de mutuo disenso que presupone un acuerdo entre las partes. Nosotros respetamos el marco contractual, el orden jurídico, aquí no podemos nosotros patear el tablero unilateralmente”, remarcó.

ESTUDIO

Giuffra informó que el Gobierno asumirá la compra del estudio de ingeniería y reconocerá los gastos que ya ha hecho Kuntur Wasi y “el siguiente paso va a ser darle una forma final a este mutuo disenso respetando el marco jurídico”.

Agregó que el Gobierno continuará con la fase 1 de este proyecto, que consiste en la remoción del terreno, como una obra pública, y luego convocará a una nueva licitación para las obras de infraestructura, en la que Kuntur Wasi no participará.

“No va a participar en la construcción y operación de este proyecto, el contrato va a ser resuelto, tenemos que mirar para adelante, vamos a iniciar este proyecto en la fase uno y estudiaremos cómo irá el proyecto”, concluyó.

AMPLIACIÓN

Giuffra había anunciado el pasado miércoles la ampliación durante 90 días de la suspensión de la adenda al contrato, un acuerdo que la semana pasada generó la renuncia del hasta entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.

Según la adenda, el aeropuerto iba a costar 520 millones de dólares, de los que 410 millones de dólares serían cubiertos por el Ejecutivo y 109 por el concesionario, que iba a tener la concesión de operación y mantenimiento de la instalación durante 40 años.

Las obras comenzaron el 3 de febrero pasado, pero pocos días después fueron paralizadas ante la decisión de Vizcarra de suspender la aplicación de la adenda hasta que fuera revisada por la Contraloría. (EFE)