Que la explotación de gas seguirá indefinidamente como sostén de nuestra economía, ha resultado una simple ilusión o fantasía demagógica y populista porque, está probado, la producción gasífera del país es cada vez menor y, si llegamos a cumplir los reducidos compromisos de ventas al Brasil y Argentina hasta principios del año 2019, habrá que atribuirlo a “milagros”.
Mucho se habló, en once años de crecimiento de nuestra economía, de creación de fuentes de producción agropecuaria, de una modernización del trabajo agrícola, especialmente en la región occidental que está deprimida; se habló, con persistencia, de que “las minas volverán a ser sostén económico” y que “todo conduce al país por caminos de progreso y desarrollo”; pero la realidad ha sido totalmente diferente.
Para empezar, es preciso reconocer -por parte del gobierno y su partido- que en once años nada se hizo para encontrar nuevos campos petrolíferos o gasíferos; que todo lo explotado hasta ahora es efecto y resultado de lo que hicieron otros gobiernos anteriores al actual. Reconocer, además, que nada se hizo en labores de prospección, exploración o explotación para encontrar gas y petróleo. Entender que lo vendido y gastado internamente es efecto del pasado y nada debido a que YPFB haya crecido como empresa cuando, por el contrario, ha disminuido su capacidad en todo sentido y hoy está en condición de ser investigada por mala administración y hasta acciones de corrupción de quienes debían manejar la empresa en forma técnica, capaz, honesta y responsable.
¿Qué se hizo en el agro, excepto lo realizado por el sector privado en Santa Cruz, y qué en los otros departamentos? La agricultura está prácticamente paralizada y la poca producción no abastece al consumo interno pese a que la mayoría producida en el oriente es la que aún alimenta al país conjuntamente las importaciones de alimentos que sangran la economía nacional favoreciendo a productores foráneos. La Paz, sede de gobierno, está deprimida en su economía al igual que los demás departamentos y con ausencia de fuentes de producción agrícola y agropecuaria.
El gobierno, en conjunción con los productores, tiene que adoptar políticas de garantías y apoyo a los productores del campo, conseguir que los campesinos emigrados a las ciudades vuelvan a sus tierras y produzcan; disponer una reforma de lo que fue o es el INRA que es saldo de la Reforma Agraria de 1953 que por mala aplicación ha fracasado; para todo ello crear las condiciones basadas en la confianza, la buena fe y alejada de las conveniencias partidistas que tanto daño le hacen al país y, sobre todo, a la producción. No adoptar medidas inmediatas será signo de nomeimportismo e irresponsabilidad, habida cuenta de que todo lo malo hecho en once años tenderá a agravarse.
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