“Se trata de decidir para dejar de ser víctimas”

Uno de los planteamientos que deja definido la psicóloga Claudia Altamirano Sarzuri, en su estudio publicado en pasados días, da cuenta que es importante que toda víctima de abuso sexual, prolongado o comercial, debe “decidir cuando quiere dejar de ser víctima” y denunciar y cambiar de rumbo, caso contrario no logra salir de esa problemática social.

En el libro “Violencia sexual infantil y trata de menores con fines de explotación sexual comercial en La Paz y El Alto”, la psicóloga logró analizar 102 casos de abuso sexual comercial (prostitución) y abuso sexual prolongado a adolescentes entre 12 y 19 años, donde se observa que debe aplicarse más políticas de Estado, aspecto que implica a responsabilidades no solo del Gobierno, sino de los municipios y Gobernación, quienes deban invertir mayores recursos, para destinar a instituciones que trabajan con esta problemática.

POCA INVERSIÓN

A la fecha se observa que tanto en la ciudad de La Paz y sobre todo en El Alto, solo las Organizaciones No Gubernamentales, (ONGs), son las únicas instancias que trabajan con recursos adquiridos, para atender esta problemática y que existe una ausencia de inversión de otras instancias para definir políticas a corto, mediano y largo plazo, las instituciones deben destinar una cantidad específica de recursos y no solo conformarse con realizar alianza de coordinación.

“Cuanto de apoyo real, económico reciben ellos, cuando en muchos POA (Plan Operativo Anual), solo se inscribe con prioridad obras, construcciones aceras, canchas, antes que priorizar las políticas de prevención, rescate y atención de las víctimas de abuso sexual comercial. El trabajo que realizan los psicólogos, abogados de algunas instituciones como la Defensoría de la niñez y adolescencia, es más de lo que reciben económicamente en sueldo, porque existe una ausencia de la mirada de prevención”, explicó.

CARENCIA DE PREVENCIÓN

Para Altamirano la actual política de Estado, solo se concentra en la sanción de los agresores, encarcelar, pero no en políticas de prevención, “pero el ojo debería estar destinado a la prevención, el trabajo en familia, el empoderamiento del núcleo familiar, porque se está desestructurando y nadie le pone atención a la familia, porque cuanto tengamos más familias fuertes, mejor estructuradas, tendremos una sociedad más fuerte”, añadió.

De acuerdo con Altamirano, los casos alarmantes de violación a menores de edad, bebés, niñas, niños, madres y hasta ancianas, solo refleja la calidad de seres que se están formando en familias desestructuradas, reflejo del tipo de sociedad que solo se concentra en la sanción y no en el trabajo destinado a prevenir estas conductas al interior de la familia.

MÁS ABANDONADOS

De acuerdo con datos censales del 2014, realizado por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la Red Nacional por la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que a nivel nacional existen 3.768 personas que viven en la calle.

Estos grupos sociales, por reportes policiales, generan sensación de inseguridad en la población. En la ciudad de La Paz de acuerdo al mismo informe se registra 726 personas, entre adultos, niños, y adolescentes de ambos sexos, mientras que en El Alto, para ese mismo año, llego a 1.071 personas.

La población continúa demandado mayor control a las instancias policiales, con la finalidad de lograr un mayor control en calles, plazas, parques, donde se registra asentamiento de este grupo de personas, quienes son identificados por generar incertidumbre e inseguridad ciudadana a transeúntes y sobre todo grupos sociales vulnerables, (niños, adolescentes, mujeres y ancianos), asegura Mirtha Mamani vecina del Villa Dolores.

ALCOHOL Y DROGAS

Para Mamani este grupo de personas tienen un elemento coincidente para estar agrupados, como es el consumo de alcohol y drogas, sobre todo inhalantes (clefa, tiner), recorren diferentes sectores, sobre todo de mayor presencia comercial, propicios para conseguir el sustento alimenticio y para mantener su propio vicio, portando generalmente armas blancas, además de estar rodeados incluso por perros callejeros, utilizados para lograr sus robos a transeúntes.

El Comando Regional de la Policía en coordinación Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ha realizado diferentes operativos policiales, para lograr la detención de estas personas, pero al no existir políticas públicas de Estado que permitan su internación en centros de rehabilitación, su detención solo cubre las ocho horas que permite la normativa judicial, para luego ser puestos en libertad, con el riesgo de que continúen generando inseguridad ciudadana.