A propósito de la huelga de médicos, surgieron cuestionamientos en el entendido de que en ningún caso pueden recurrir a esa medida, por las altas y responsables funciones que cumplen.
En este punto es lamentable que los médicos tengan que recurrir a huelgas, pero ellos no son culpables de los efectos y repercusiones que pudieran tener, pues cuando se ven forzados adoptan la suspensión de actividades.
Esta es consecuencia de una mala administración de los intereses públicos y cuando se trata de la salud, la responsabilidad es mayor. Por lo tanto, las autoridades que tienen bajo su atención la salud tienen que ser mucho más cuidadosas para evitar que se produzcan protestas y que inclusive, por la gravedad de la incompetencia administrativa del sector, generen las huelgas de médicos.
Los derechos son indivisibles, de manera que no se pueden acoger todos a ellos, menos los médicos. Esta resultaría ser una discriminación improcedente, puesto que éstos son profesionales esforzados que merecen ser atendidos preferencialmente en sus derechos o en las concesiones que se otorgue a otros sectores públicos.
Entonces, la responsabilidad única en este y cualquier otro caso que se produzca en el sector médico, es de las autoridades del Ministerio de Salud y de todas sus dependencias. Ahora, si el caso excede sus propias facultades, tienen la obligación de gestionar e influir en otros sectores de la administración pública para que los derechos y necesidades de los médicos sean atendidos puntualmente.
De ocurrir ello, jamás los médicos tendrán los argumentos suficientes para acudir a la huelga, así como los derechos que vayan adquiriendo los restantes sectores de la administración pública.
Los médicos optan por la huelga cuando la administración del sector, más concretamente el Ministerio de Salud, no atiende las obligaciones y derechos que tienen. Con mayor razón, deben tener la previsión de que no se descuide ni se atente contra sus derechos.
Los médicos, aparte de la noble profesión que ejercen, son seres humanos como todos los demás, por tanto son acreedores al mejor trato posible y cuando se adopta medidas en salud, se lo tiene que hacer sin discriminar a los médicos.
Algo más, por tratarse de un sector tan sensible en la actividad que cumple, como es cuidar de la salud humana en general, si es posible mejorar el tratamiento salarial que reciben, hay que hacerlo. Con mayor razón cuando se impone medidas de este orden en salud, la primera atención que debe darse es a los médicos.
Y si hay otras formas de mejorar el trato a los tantos sectores que tiene la salud, siempre debe empezarse por los médicos, porque son la máxima expresión del mismo. Sin ellos, no hay salud que valga. Salvo que se pretenda suplantarlos o compararlos con los curanderos, lo que sería caer en una ignorancia extrema.
La administración pública tiene que hacer algo más para que la función médica se la cumpla en términos óptimos. Esto es, suministrar a los centros de salud pública del mejor equipamiento posible. Si emergen novedades científicas y médicas en otros países, el esfuerzo fiscal en Bolivia tiene que estar dirigido a obtenerlas, en este caso no precisamente por los médicos, sino por preservar la salud pública en las mejores condiciones posibles.
Entre las funciones esenciales de los gobiernos tienen que estar, entonces, las concernientes a la salud, porque es la mejor forma de servir a los pueblos, todo lo demás es secundario.
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