Arriesgadas violaciones a la Constitución

La creciente preocupación de la opinión pública por causa de las sucesivas violaciones a la Constitución Política por parte de instituciones y funcionarios del Estado, se ha ido acentuando al extremo que han surgido graves amenazas de destacadas organizaciones sociales de salir a las calles para evitar su cumplimiento y pedir su anulación.

El caso específico es el referido al “acto canalla” interpuesto por el “Defensor del Pueblo” y perpetrado por la Sala civil Primera del Tribunal de Justicia de La Paz que falló en contra del Colegio Médico de Bolivia coartando el derecho de protesta y advirtiendo, además, a los médicos que paren la atención en salud por demandas sectoriales que serán pasibles a cárcel entre dos y seis años y las personas que instiguen a entre tres meses y dos años.

Una de las protestas más enérgicas fue la de la Central Obrera Boliviana (COB) que en un comunicado destacó que el fallo del Tribunal estaría violando los preceptos constitucionales establecidos en el Artículo 63 de la Constitución, la que garantiza el derecho a la huelga y protesta como el ejercicio legal de los trabajadores de suspender labores para defender sus derechos.

La decisión judicial fue criticada con mayor detalle por la COB, indicando que el Defensor del Pueblo se convirtió en “verdugo del pueblo trabajador” al haber criminalizado la huelga y que “En la práctica no es sino un mecanismo judicial servil y abusivo, para perseguir, penalizar, reprimir y criminalizar el derecho a reclamar, tal como sucedió en los mejores tiempos de las dictaduras”, afirmación que sirvió de premisa para llamar a las organizaciones sindicales a nivel nacional, a enfrentar esa dura acción y el nefasto fallo abusivo e inconstitucional, leonino y fascista”, argumento que sirvió de base para “preparar la movilización nacional” para combatir al Defensor del Pueblo. Sin embargo, el Ministerio de Salud dijo que la salud del pueblo se antepone a la huelga.

Por otro lado, analistas políticos aseguran que ese paso oficial contra la Constitución podría ser continuado con otros de mayor drasticidad e inclusive prohibir el derecho de huelga so pena de sanciones enérgicas, como la que denunció un dirigente de la COB cuando visitó Cuba, oportunidad en la que preguntó a un funcionario cubano “¿Qué hacen en Cuba con los trabajadores sindicalizados cuando declaran una huelga?”. Recibió como respuesta contundente: ¡“Los enviamos al paredón”!, sentencia que fue escuchada por dirigentes de la COB y la Fstmb que no dejaron de mostrar enorme sorpresa.

Otros casos de violación a los principios constitucionales han sido denunciados con el objetivo final de hacer que la Carta Magna sea respetada y las infracciones no sean motivo para nuevos brotes de desorden público, como marchas, protestas, paros, bloqueos, etc. que podrían derivar inclusive en actos de terrorismo para perjuicio público y oficial.