¿Cómo responder a los males de la justicia?

El proceso de institucionalización del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el cual se encuentra embarcado el país, ha reactivado durante las últimas semanas una descalificación generalizada contra la estructura judicial, a la cual se le asigna una serie de delitos conexos con las prácticas de la corrupción y la retardación de justicia. Tal injusticia que se practica en el medio social boliviano debería encuadrarse a los resultados de su accionar, de manera de evitar “generalizaciones” que, de alguna manera y, por supuesto, deben ser producto de un mínimo examen de auditoría jurídica.

Es importante reivindicar que hay altos funcionarios probos, responsables e idóneos en el cumplimiento de sus deberes, como también son más quienes cometen no sólo errores, sino que van más allá de la violación de las normas vigentes en cuanto a procedimientos, provocando retardación, prevaricato, tráfico de influencias y otros que contaminan hasta el extremo de ser como una endemia alarmante.

Para subsanar estos delitos, los conductores de la opinión pública deberían insistir en la realización de una auditoría jurídico - procesal, para establecer con transparencia sí se está cometiendo esos hechos punibles y, de esa manera, despejar la tormenta que más responde a la complejidad que caracteriza al Órgano Judicial en Bolivia y en otros países de América Latina.

La administración de justicia en nuestros países y su actual estado de “decadencia” responde a varias vertientes que forman parte de la estructura del poder, a partir de la ausencia de valores morales y éticos en el ejercicio de sus funciones, en todos los niveles de esa estructura, las consecuencias de los fenómenos que provocan el desmedido crecimiento de la carga procesal, en especial en el área penal; además de algunas individualidades que ejercen presión, tanto en niveles jerárquicos como en el ejercicio jurisdiccional.

De manera general, hubo algunos intentos para “limpiar la justicia”, con una todavía “incipiente política de moralización”, pese a los esporádicos esfuerzos experimentados desde el Consejo de la Magistratura, en calidad de órgano administrativo – disciplinario, sin que se haya logrado, ni en lo mínimo, cambiar la imagen judicial incorporada en el pensamiento de la ciudadanía, aquella desconfianza en jueces, vocales y otros administradores de justicia, “lo que nos obliga a reflexionar sobre si la labor de impartir justicia la estamos cumpliendo con honestidad e integridad”, según dijo un presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

Las cifras de 2014, porque de 2016 no las difunden, afirman que de casi 900.000 causas tramitadas en todo el país, sólo se resolvió el 60%, y nos da la idea de una lamentable retardación, puesto que en promedio anual, durante la última década, quedaron en archivo y declaradas pendientes o remanentes, al menos 400.000 causas. Las autoridades supremas consideran que este es el resultado de una insuficiente cantidad de jueces, vocales y personal jurisdiccional, cuyo fenómeno se ubica en la categoría de la desproporcionalidad entre lo que ingresa y la capacidad de atención que se tiene.

Es importante también puntualizar que existe insuficiencia en la normativa de funcionamiento y la innegable limitación de fondos para respaldar el funcionamiento del personal inferior jurisdiccional o subalterno. El apoyo logístico para cumplir con los trámites es importante, como lo es establecer una normativa más precisa, específica en cuanto a funciones y atribuciones de secretarías de juzgado, auxiliares u otros niveles, dentro de la maquinaria judicial.

De esta manera, podrá establecer como contrapeso una escala de sanciones contra errores y delitos, desde las más leves, hasta las más graves. Pero también permitirá construir en el tiempo verdaderos equipos que respondan a la carrera judicial, sin improvisaciones ni chantajes.

Finalmente, se podrá incorporar en su estructura un sistema tecnológicamente avanzado, con manuales y prospectos específicos que podrían terminar con delitos de cohecho, retardación y, en general, el sistema de corrupción que, no podemos negar, funciona en todos los niveles. Es cuestión de tiempo.

La autora de esta nota es abogada.