Paros médicos y bloqueos por ley municipal

En los últimos días La Paz -más que de costumbre- ha estado sometida a paros de los médicos y a un bloqueo malintencionado por vecinos barriales instigados por las Juntas Vecinales alineadas en el oficialismo. A su vez una resolución del Tribunal Departamental dispuso la improcedencia de un paro anunciado de 72 horas por parte del Colegio Médico de La Paz, accediendo a una Acción Popular a instancias del Defensor del Pueblo. Esta disposición judicial merecerá un tratamiento aparte, pero aunque el movimiento médico obedece a razones justas y de mejora de las condiciones de atención, nadie puede estimar que, considerando la atención vital que desempeñan, pueda ésta ser obstruida por nada menos que 72 horas, medida que repite la práctica manida de sindicatos y “minorías eficaces” de conocido perjuicio social, cuando del sector profesional se espera conductas racionales y prudentes.

La Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial puso en manos del dirigente Guardia –allegado al MAS- un arma eficaz de engaño y sugestión a los miles de vecinos que construyen sin cumplir disposiciones ediles. El ardid radicaba en la posibilidad de demolición de todas las edificaciones fuera de norma, logrando paralizar a más de media ciudad, todo a cambio de la recluta del dirigente en algún cargo electivo futuro, como manera del MAS de conformar sus listas electorales.

Alrededor del 65% de las edificaciones de la ciudad no cuentan con autorización y en gran proporción son fruto de asentamientos y de la migración campo ciudad. Alguien en algún momento debía pretender poner orden en el desorden. Al igual que intentar frenar a los “loteadores” o avasalladores. El Concejo Municipal, con mayoría del Alcalde, antes de las 48 horas salió a enmendar dicha conflictiva Ley con la similar 344.

Esta última recalca su irretroactividad, amplía el plazo de regularización de 90 a 180 días, diferencia entre edificaciones de lucro y viviendas familiares (sociales), quedando exentas de sanción. Al parecer permanecen las medidas contra las ocupaciones y los “loteadores”, sujetos que engrosaron el bloqueo con sus bandas de cómplices. Al respecto, aunque el Gobierno Municipal busque la regularización urbana, en cambio no fiscaliza el comportamiento de sus niveles administrativos que denotan falencias y desgano.

En especial el área territorial y urbana es responsable de que los vecinos tengan que acudir a los municipios vecinos para contar con autorización de construcción o procedan a la ejecución de obras frente a la dilatación de tiempo de aprobación de planos y otros pasos del trámite, además, por supuesto, del costo de éstos y las observaciones, las más de las veces infundadas, de los arquitectos encargados. En un matutino local un ciudadano se quejaba de que la autorización de edificar tardó 7 meses. Este caso se queda corto ante otros similares que llevan 2 años y más respecto a edificaciones sencillas y modestas en términos generales. Son más que sugestivas estas tardanzas indebidas y obligan a preguntar qué nivel municipal se encarga de supervisar a sus dependientes.

Por si sola la inmediata enmienda a la Ley de Fiscalización por el Concejo Municipal, lo somete a crítica. Es increíble que sus personeros supuestamente conocedores de la idiosincrasia popular no mediten antes de aprobar leyes que ocasionan reacciones perjudiciales para la normalidad citadina como la del señalado bloqueo.