La UMSA se retira ¿por qué?

El Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, doctor Waldo Albarracín Sánchez, abogado de reconocido prestigio, ha tomado la decisión de retirarse de la preselección de candidatos a magistrados para el Órgano Judicial debido a la falta de voluntad política para mejorar la justicia y de haber advertido serias anomalías e indicios de contaminación y falta de transparencia del proceso.

Esta decisión fue asumida por el Honorable Consejo Universitario precautelando el prestigio de la UMSA, donde se profesionalizan señoritas y jóvenes no sólo bolivianos. Esta determinación causó beneplácito en la ciudadanía. Que este llamado a las universidades públicas, por parte de la Asamblea Legislativa para conformar una comisión de seguimiento, sea respondida favorablemente, pensando que el objetivo era, en todo caso, reformar la justicia boliviana con abogadas y abogados probos, sometidos hoy al poder político y desacreditados por la corrupción que crece, pues ahí están jueces y fiscales en cárceles del país.

Con el aval del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), condicionaron su participación a la suscripción de un acuerdo entre los partidos políticos para que desistan de sus aspiraciones y ansias de favorecer a sus correligionarios. Increíblemente, este pedido no fue aceptado por oficialistas ni opositores. A estas alturas la opinión pública no tenía otra cosa que pensar, sino que siempre será más fuerte la angurria del poder, que la administración de una justicia equilibrada, imparcial y libre del inmoral “toma y daca”. Los bolivianos nos preguntamos si estos lazos de política partidista están llegando también a las universidades públicas.

Con propósitos de ética y moral, también se espera que otras universidades del sistema se retiren de este amañado proceso que solamente busca disfrazar ante la opinión pública un aparente proceso transparente, pero que como todos vemos tendrá irremediablemente el mismo final: jueces que comercian con la justicia y ponen precio a los derechos de los bolivianos y bolivianas que no hacen otra cosa que vivir desprotegidos y sin garantías ciudadanas ni constitucionales.