Políticas económicas, contrarias a inversiones

Al haberse reducido nuestros ingresos por los bajos precios del gas y por la menor producción que obliga a reducir las exportaciones, nuestra economía se ve cada vez más deprimida y las perspectivas futuras son totalmente inciertas en la posibilidad de recapturar condiciones existentes hasta hace dos o tres años.

Muchas veces en el pasado se ha sostenido la urgencia de incentivar las inversiones tanto internas como foráneas; pero las condiciones imperantes en el país no siempre han permitido que esas inversiones se hagan realidad: en primer término, hay que reconocer que el gobierno no siempre adopta políticas que aseguren las inversiones con los anuncios sobre nacionalizaciones, estatizaciones y otras medidas contraproducentes que debilitan las esperanzas de que resurjan confianzas.

El gobierno, en su deseo de lograr capital financiero y tecnología, ha organizado reuniones con empresarios tanto en Nueva York como en Londres, ha gastado millonarias sumas en organizar juntas y en propaganda; pero, sin resultado alguno porque han pesado más los hechos en once años en que se nacionalizó mucho y las empresas existentes aún no gozan de la tranquilidad necesaria como para adquirir mayor confianza. Por su parte, el posible inversionista nacional tampoco cree en las promesas gubernamentales que borra sus ofertas con hechos que no permiten confiar; últimamente surgió la amenaza de “pasar empresas que no cumplan ni sean lo suficientemente rentables a dominio de los sectores sociales”; proyecto que, si bien fue paralizado, aún pende como “espada de Damocles” sobre el sector privado.

Efectivamente, hace años el gobierno aprobó una Ley de Inversiones, pero débil en extremo y que en criterio de la mayoría del país, especialmente posibles inversionistas, no despertó ninguna confianza; al contrario, creó suspicacias que, con el agregado de continuas amenazas sobre “posibles medidas estatizadoras” que surgen por parte de las autoridades, dejan a esa ley totalmente debilitada y hasta inutilizada.

En criterio del empresariado, las garantías tienen que ser realistas y acompañadas por políticas, acciones, conductas y disposiciones reglamentarias que sean confiables y no sean simples enunciados; esto no implica que el capital privado, nacional o extranjero, rehuya deberes y obligaciones que tengan con el Estado y con los trabajadores; al contrario, la fuerza de las leyes de inversiones y sus reglamentos deben ser corolario de la más firme intención de cumplir con todas las leyes habidas en el país, sean éstas tributarias o sociales o de cualquier índole; esa fuerza de la Ley será determinante para que la efectividad de las inversiones sea realista, permanente y propagadora de fe, confianza y seguridad en todos los actores.

La situación económica del país da lugar a creer que se hará más grave conforme pase el tiempo porque las mismas inversiones que hacen en las empresas del Estado, administradas por el gobierno, (últimamente son préstamos procedentes de las reservas internacionales) no garantizan confianza porque esas empresas, lamentablemente, en lugar de ser sustento y pilar de la economía, son lo contrario y, en casos, resultan “pozos sin fondo” porque no son rentables. El mismo caso de YPFB, que era “lo fuerte y seguro en utilidades del país”, se ha debilitado grandemente y las esperanzas sobre posibles cambios de su administración para que sea efectiva, consciente, honesta y responsablemente productiva son escasas. Al margen de ello, las esperanzas de precios altos para los hidrocarburos se convierten en simples utopías para el futuro mundial. Es, pues, muy poco lo que se pueda esperar de las empresas públicas; entonces, queda el sector privado.

Invertir, crear empresas, producir, diversificar la producción, con miras a crear riqueza que, además, asegure empleo, tienen que ser los objetivos inmediatos aunque de todo lo que se emprenda ahora en lo inmediato, dará resultados a largo plazo; entretanto, ¿qué? La medida inmediata tiene que ser adoptar conductas de austeridad en el gasto público; que el gobierno tome conciencia de que el poco dinero que se produzca tiene que ser manejado con prudencia, meticulosidad, mucha conciencia y honradez a toda prueba. Proponerse evitar los gastos fastuosos y construcciones faraónicas que son prescindibles y aprender, finalmente, a vivir con lo que se tiene evitando nuevos préstamos del exterior y que, de todos modos, deben pagarse con los respectivos intereses y otras gabelas que el país no está en condiciones de solventar.

El Estado, encabezado por el gobierno, tiene que evitar caer en los errores pasados; de otro modo, se acrecentará la pobreza y con ella el subdesarrollo y la dependencia. Es urgente vivir realidades y abandonar posiciones demagógicas y populistas de creer que “tenemos una economía envidiable y fuerte” cuando la realidad nos muestra con pobreza y necesidades que es urgente encarar con energía, honestidad y responsabilidad por parte de todos los bolivianos.